A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia profundiza la investigación por inteligencia ilegal

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia avanza sobre la presunta participación de agentes de inteligencia y sobre responsabilidades políticas y judiciales en el intento de desviar la investigación hacia la hipótesis del suicidio.

A once años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia profundiza una de las líneas más sensibles de la investigación, centrada en la posible actuación de agentes de inteligencia ilegal y en maniobras de encubrimiento político y judicial destinadas a desviar la causa.

Los investigadores consideran probado que la muerte del fiscal fue un homicidio directamente vinculado a su rol como titular de la UFI AMIA y a la denuncia que había presentado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno por la firma del Memorándum con Irán.

En las últimas semanas comenzaron a declarar como testigos agentes de inteligencia del Ejército que operaban en 2015. Hasta el momento, al menos 15 integrantes del área de inteligencia militar prestaron testimonio, aunque el universo bajo análisis es considerablemente mayor.

La investigación busca esclarecer la presencia de un pequeño grupo de agentes en las inmediaciones del departamento de Nisman, en Puerto Madero, durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, antes de que el fiscal fuera hallado muerto con un disparo en la cabeza.

Nisman se encontraba a pocas horas de presentarse en el Congreso de la Nación para ampliar su denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, cuando fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de las torres Le Parc.

Según fuentes judiciales, los investigadores enfrentaron durante años obstáculos y maniobras orientadas a instalar la hipótesis del suicidio. En ese marco, se sostiene que existió un “plan criminal” para desviar la atención de la hipótesis homicida y evitar un avance profundo del expediente.

Esta línea se articula con una segunda investigación sobre responsabilidades políticas, en la que se esperan definiciones durante la primera mitad de 2026. El objetivo es avanzar con imputaciones concretas y con nombre y apellido sobre quienes habrían participado de ese esquema.

En ese contexto, está prevista para fines de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, quien estuvo a cargo de la investigación inicial del caso. Para los investigadores, su actuación es clave para reconstruir las primeras horas posteriores a la muerte del fiscal.

Los agentes de inteligencia del Ejército aportaron información sobre la estructura interna y la cadena de mandos vigente en 2015, cuando la fuerza estaba bajo la conducción de César Milani. La sospecha es que realizaron tareas de inteligencia interna prohibidas por la ley.

La hipótesis central apunta a sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras la denuncia presentada por Nisman pocos días antes de morir, una acusación que, tras un extenso derrotero judicial, irá a juicio oral.

La causa por la muerte del fiscal está delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y se tramita bajo la órbita del juez Julián Ercolini. Los investigadores sostienen que el atentado a la AMIA, el Memorándum con Irán y la muerte de Nisman forman parte de una misma matriz de encubrimiento.

A once años del hecho, la Justicia mantiene firme la hipótesis del asesinato, avalada en 2018 por la Cámara Federal y basada en peritajes multidisciplinarios. Sin embargo, aún se desconoce quiénes ejecutaron el crimen y quiénes lo ordenaron, una deuda que el expediente intenta saldar con los nuevos avances.

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