El registro de deudores alimentarios en Misiones registró un aumento exponencial desde 2021. Fernando Castelli, director del organismo que publica la lista, advirtió que el 98% de los inscriptos son hombres y que el incumplimiento, tras dos meses de mora, conlleva restricciones para habilitaciones comerciales, trámites municipales y beneficios de vivienda social.
Fernando Castelli (LT17)
El registro de morosos de cuotas alimentarias en Misiones experimentó un incremento exponencial en los últimos años. Fernando Castelli, director del Registro Público de Alimentantes Morosos de Misiones, detalló que el fenómeno no responde únicamente a la crisis económica, sino a una falta de voluntad y entendimiento tras las rupturas de pareja. Actualmente, se avanza en la creación de una red nacional para endurecer las medidas de cumplimiento.
Respecto a la composición del listado y las responsabilidades legales, el funcionario destacó una marcada brecha de género en el incumplimiento y recordó que la obligación puede extenderse a otros familiares. “El noventa y pico por ciento son hombres, no obstante también hay mujeres incluidas. La obligación es de la pareja; ambos tienen que contribuir a mantener el estándar económico que han tenido los hijos durante la convivencia. También, desde la reforma del Código Civil, cuando el padre no puede, es el abuelo el que realiza el pago alimentario”, puntualizó Castelli.
La inscripción en este listado responde a plazos legales estrictos y a una instancia judicial previa. Al respecto, el secretario precisó: “Según nuestra legislación, el incumplimiento establecido es de dos meses consecutivos o tres alternados de la cuota alimentaria. El juzgado que verifica ese incumplimiento ya puede intimar a quien está adeudando y, una vez que no se efectiviza el pago o la regularización, lo puede incluir dentro del listado del registro”.
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Para combatir esta tendencia, las provincias argentinas buscan articular políticas proactivas que trasciendan la mera exposición en una lista pública. En Misiones, estar registrado ya implica restricciones severas, como la imposibilidad de ser proveedor del Estado o habilitar un comercio. “No podés realizar una habilitación comercial en cuanto estés en el registro. La idea es buscar políticas para que la persona que está incumpliendo se acerque y vea una solución, o por lo menos un cumplimiento parcial si es por cuestión económica, pero eso lo decidirá el juez”, subrayó el secretario.
Finalmente, Castelli remarcó que el objetivo final es la protección de los derechos de los niños, instando a los padres a separar los conflictos personales de sus responsabilidades legales. “Acá no tenemos que olvidar que la obligación alimentaria no es con la pareja que uno ha dejado, sino con los hijos. Estamos tendiendo a crear una red federal para articular políticas, no tanto quedarnos en la idea de que sea un registro y mantener un listado actualizado, sino de generar políticas proactivas”, concluyó.

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