El debate político por el Presupuesto 2026 llegó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en un contexto de graves incendios forestales que afectan a la Patagonia, especialmente la provincia de Chubut, y con miles de hectáreas y familias afectadas. La oposición afirma que los recortes presupuestarios decididos por el Gobierno impactan directamente en la prevención y la lucha contra los focos ígneos, y reclama la declaración de emergencia ambiental y la redefinición de prioridades financieras.
Legisladores de la oposición, como el diputado José Glinski (Unión por la Patria), han puesto en foco la reducción de fondos destinados al SNMF en la ley de presupuesto sancionada en diciembre, la primera del mandato de Javier Milei. Según distintas fuentes parlamentarias, la partida destinada al organismo será cercana a 20.131 millones de pesos en 2026, lo que representa una caída real del 69% respecto a 2023 y del 53,6% frente a 2025 cuando se ajusta por inflación.
Esta caída, según críticos del oficialismo, va más allá de una simple disminución de fondos: se traduciría en menos horas de vuelo para tareas de prevención y combate de incendios, así como menor elaboración de informes de alerta temprana y evaluación de riesgos, considerados instrumentos clave en estrategias preventivas.
Además del debate presupuestario, bomberos voluntarios denunciaron que la Nación adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025, lo que habría afectado su despliegue en el sur del país durante esta temporada crítica. Según representantes de los cuarteles, esta deuda impidió la movilización de brigadistas y puso en riesgo la respuesta coordinada frente a incendios de gran magnitud.
La oposición impulsa un proyecto para declarar el “Estado de Emergencia Ígnea y Ambiental” por 180 días en provincias como Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, con el objetivo de agilizar recursos y asistencia para las poblaciones y sistemas de emergencia afectados.
En medio de este debate, voces como la de la diputada nacional Julia Strada señalaron que la administración de Milei habría desfinanciado el SNMF con recortes presupuestarios sostenidos desde 2023, con reducciones reales de más del 70% en comparación con los montos registrados antes de su gestión. La acusación se viralizó en redes sociales y medios, en el marco de la actual temporada de incendios.
El choque político por los fondos y el rol del Estado en la prevención y respuesta ante incendios de gran escala pone en tensión dos enfoques: por un lado, un presupuesto orientado a achicar el gasto público, y por otro, la exigencia de una respuesta estatal robusta frente a emergencias ambientales que se suceden cada verano en distintas regiones del país. Con información de Ámbito.
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