Los gobiernos de Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México y España manifestaron su “profunda preocupación” ante la intervención militar de EE. UU. en Venezuela. En una declaración conjunta, los seis países advirtieron que el operativo vulnera el derecho internacional, pone en riesgo la paz regional y establece un precedente peligroso para la zona.
En el texto, las naciones firmantes sostienen que este accionar contraviene principios elementales como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía, preceptos que se encuentran consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y que, según entienden, fueron omitidos por la administración del empresario Donald Trump.
Además, el bloque de países puso énfasis en que la captura del dirigente chavista establece un precedente que calificaron de “sumamente peligroso” para la seguridad del continente. La preocupación radica en que la ejecución de maniobras militares sin el consentimiento del Consejo de Seguridad o de los organismos regionales pone en riesgo la integridad de la población civil y altera la estabilidad política de los estados vecinos.
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En este sentido, los mandatarios —entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro— subrayaron que la situación venezolana debe resolverse estrictamente por vías pacíficas, de modo que cualquier transición sea el resultado de una negociación interna y no de una imposición de fuerza proveniente del exterior.
En relación con el posicionamiento estratégico, el comunicado introdujo una advertencia explícita sobre el destino de los activos venezolanos, especialmente en lo referido al sector energético. Los firmantes expresaron su rechazo ante cualquier tentativa de “administración o apropiación externa de recursos naturales”, un punto que adquiere relevancia tras las declaraciones públicas de Washington sobre la toma de control de las reservas petroleras.
Esta postura multilateral sugiere que, más allá del destino personal de Maduro, existe un consenso regional para evitar que la caída de su gobierno se traduzca en una tutela económica extranjera que vulnere el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas estratégicas.
Simultáneamente, el rol de España como único actor europeo en este grupo de países refuerza la mirada crítica sobre la legalidad internacional de la operación. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez fue crítico de la gestión de Maduro en el pasado, la cancillería española coincidió en que el fin de un mandato no justifica el quebrantamiento de las normas globales.
Debido a que el operativo se realizó al margen de los mecanismos multilaterales, el bloque exhortó al Secretario General de las Naciones Unidas a utilizar sus buenos oficios para desescalar la tensión, puesto que la permanencia de buques estadounidenses en el Caribe se percibe como una amenaza latente contra el carácter de la región como “zona de paz”.
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