China comenzó a aplicar impuestos a los preservativos y otros métodos anticonceptivos como parte de una estrategia orientada a revertir la caída de la natalidad. La modificación se concretó con la entrada en vigencia, este jueves 1 de enero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que introdujo cambios en las políticas tributarias sobre el conjunto de los productos de salud reproductiva.
La decisión implicó el fin de una exención fiscal que se mantenía desde hace más de 30 años para medicamentos y anticonceptivos, en el marco de una nueva batería de medidas impulsadas por el gobierno chino para enfrentar la baja sostenida en el número de nacimientos.
Con la reforma, los anticonceptivos orales, los métodos de barrera, los dispositivos intrauterinos y los productos auxiliares de detección quedaron alcanzados por el IVA. En ese esquema, tanto los preservativos como las píldoras anticonceptivas pasaron a tributar una alícuota del 13%, correspondiente al porcentaje general aplicado a la mayoría de los bienes de consumo.
Durante décadas, la política de exención impositiva había garantizado el acceso a los anticonceptivos básicos. Sin embargo, en el actual contexto de impulso a una “sociedad favorable a la natalidad”, las autoridades señalaron que la demanda de la población en materia de productos de salud reproductiva “cambió de manera paulatina”.
La reforma tributaria se inscribe en un escenario más amplio marcado por la caída persistente de los nacimientos, el envejecimiento de la población y la disminución del número de matrimonios, factores que encendieron señales de alerta en Pekín.
China: la natalidad en caída libre
La medida se adopta mientras el país atraviesa su tercer año consecutivo de descenso poblacional, una tendencia que, según advierten especialistas, continuaría en el corto y mediano plazo.
En 2024 se registraron apenas 9,54 millones de nacimientos, menos de la mitad de los contabilizados en 2016, luego del fin de la política del hijo único. Esta baja sostenida generó preocupación por el acelerado envejecimiento demográfico y sus consecuencias económicas y sociales, como las dificultades para sostener la fuerza laboral y el crecimiento a largo plazo.
Si bien el gobierno desplegó distintos incentivos y campañas para promover la formación de familias, los analistas coinciden en que las condiciones económicas y sociales estructurales pesan más que un ajuste tributario aplicado a los productos anticonceptivos.
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