A partir de este viernes entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal, la nueva normativa tributaria que comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial y que modifica aspectos centrales de la relación entre los contribuyentes y el fisco argentino.
La ley, sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y publicada este 2 de enero, introduce cambios importantes en la forma en que se determina la responsabilidad fiscal, los umbrales para la penalización de delitos tributarios y los procedimientos de declaración y regularización de activos no bancarizados.
Uno de los ejes de la normativa es la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales una infracción tributaria se convierte en delito penal. Con la normativa vigente, el umbral para considerar un caso como evasión penal subió a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se fijó en $1.000 millones, niveles muy superiores a los anteriores.
Además, se incorporó un régimen de declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no estén clasificadas como grandes contribuyentes. Los que opten por este régimen podrán cumplir con el pago de Ganancias de forma más ágil y, en muchos casos, quedar liberados de futuras acciones administrativas o penales vinculadas al período declarado.
La ley también modifica los plazos de prescripción de las acciones del fisco: se reducen a tres años para quienes hayan presentado sus declaraciones y regularizado saldos sin discrepancias graves, mientras que para otros casos las acciones pueden extenderse hasta 10 años.
Otro cambio central es que la normativa refuerza la presunción de exactitud favorable al contribuyente, salvo en situaciones con diferencias significativas detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) o en casos de documentación apócrifa, omisión de ingresos o deducciones indebidas.
Si bien la ley ya rige, expertos tributarios destacan que faltan reglamentaciones clave por parte del Poder Ejecutivo y de la ARCA para definir con precisión cómo se instrumentarán algunos de estos mecanismos, especialmente en lo referido a la declaración jurada simplificada y a los controles posteriores.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, simplificar trámites y ofrecer un esquema más claro para la regularización de activos, incentivando así la incorporación de bienes que no estaban debidamente registrados en el circuito formal de la economía.
