El Gobierno nacional ya trabaja en la reactivación de la agenda legislativa para el inicio de febrero. Con la mira puesta en la reforma laboral y en cambios a la Ley de Glaciares, el presidente Javier Milei evalúa convocar nuevamente a sesiones extraordinarias y aprovechar enero para cerrar acuerdos políticos y fiscales que le permitan avanzar con sus proyectos clave.
El presidente Javier Milei prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y de las modificaciones a la Ley de Glaciares. Se trata de la fecha que el Ejecutivo tiene en carpeta para reactivar la actividad parlamentaria, definición que fue abordada en reuniones realizadas este lunes en la Casa Rosada.
Según trascendió, en Balcarce 50 tienen previsto que el mandatario firme el decreto que oficialice la convocatoria durante la última semana de enero. La mesa política del Gobierno apunta a acelerar las negociaciones con legisladores y gobernadores aliados durante todo enero para llegar al Congreso con consensos generales que faciliten la aprobación de los proyectos.
La reforma laboral ya cuenta con dictamen, aunque no llegó al recinto debido a que el oficialismo decidió priorizar la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, que promueve el uso de los dólares del “colchón”. Desde el entorno presidencial no descartan introducir cambios en el texto de la iniciativa laboral para lograr su aprobación. “Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, sostienen fuentes oficiales.
En ese marco, el Gobierno mantiene su decisión de no convocar a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el corto plazo y busca minimizar la posibilidad de un paro general, al menos en esta etapa de negociación.
En el Ejecutivo reconocen que los cambios tributarios incluidos en la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en torno al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Según proyecciones privadas, ese impacto equivale a una merma de ingresos cercana a US$3.500 millones anuales. Esta cifra supera estimaciones previas que se concentraban en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), calculado en alrededor de US$2.500 millones por año.
El FAL se financiaría con la reasignación del 3% de las contribuciones patronales, que dejarían de destinarse al sistema previsional para conformar un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Los rendimientos de ese fondo quedarían exentos del Impuesto a las Ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. Se trata de uno de los puntos que más interés despierta en el Ejecutivo, ya que busca recapitalizar el mercado local a través de la inversión de esos recursos.
El proyecto que la Casa Rosada envió al Senado contempla además otros cambios tributarios, entre ellos la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo, la exención de ese tributo en la venta de inmuebles por parte de personas humanas, la ampliación de exenciones para determinados rendimientos financieros, la devolución acelerada del saldo técnico de IVA para medianas inversiones y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.
Desde el Gobierno argumentan que una pérdida fiscal del orden de US$3.500 millones, equivalente al 0,5% del PBI, no pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas si se cumplen las metas del Presupuesto 2026. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro apunta a un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, margen que permitiría absorber ese costo sin incurrir en déficit.
La apuesta oficial se basa en que la reforma laboral reduzca el costo del empleo formal, incentive la registración y amplíe la base imponible, compensando parte de la caída inicial de ingresos con mayor recaudación por IVA, Ganancias y aportes sociales. Sin embargo, sectores menos optimistas dentro del propio oficialismo advierten que ese impacto positivo podría ser “muy lento”.
Por el momento, en la Casa Rosada descartan enfocar esfuerzos en otras iniciativas como un nuevo Código Penal o el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La estrategia es avanzar de manera escalonada, priorizar las reformas económicas y evitar conflictos con aliados.
En Balcarce 50 admiten que la estrategia fiscal está atada a una secuencia política y económica más amplia, motivo por el cual decidieron fragmentar la reforma tributaria y avanzar primero con los cambios incluidos en la reforma laboral, mientras se posterga un rediseño integral del sistema impositivo —como modificaciones al IVA, la eliminación del impuesto al cheque o cambios en la coparticipación— por falta de margen fiscal y consenso político.
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