El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión de la Justicia de anular el protocolo antipiquetes

El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión de la Justicia que anuló el protocolo antipiquetes, luego de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declarara la nulidad de la resolución que establecía el marco de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones y cortes de calle.

La reacción oficial fue encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien se expresó a través de su cuenta en la red social X. “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, escribió la funcionaria al confirmar que el Ejecutivo buscará revertir el fallo.

“Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, afirmó Monteoliva, y agregó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.

En el mismo sentido, desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación se difundió un mensaje en el que se ratificó la postura del Gobierno: “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”.

Qué dice el fallo judicial

En su resolución, el juez Cormick sostuvo: “Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.

Asimismo, el magistrado aclaró que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán recurrir a la Justicia de manera individual: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.

La reacción de los denunciantes

Desde el CELS celebraron el fallo y remarcaron su alcance institucional. “La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, expresaron en un comunicado difundido en X.

Según la organización, “el juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle ‘instrucciones a la policía’, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”. Y añadieron: “El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.

La última aplicación del protocolo antipiquetes se había registrado a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, ya bajo la conducción de Monteoliva en la cartera de Seguridad.

Una de las causas aún en trámite vinculadas a la implementación de ese procedimiento es la que investiga los hechos ocurridos durante la movilización del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno mientras trabajaba en las inmediaciones del Congreso y cayó al suelo con heridas de gravedad.

En paralelo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el fallo judicial y sostuvo en X que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla”. Para el dirigente sindical, se trata de “un gran avance contra la represión”.

“Comienzan a restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno”, afirmó Aguiar, aunque advirtió que “si se hubieran animado antes”, cuando Patricia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad, “se hubieran evitado más de 1400 heridos en las manifestaciones”. Y concluyó: “Ya era hora de que ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado”.