El debate económico actual revela que el costo de las leyes universitarias y de discapacidad iguala al presupuesto que el Gobierno pretende asignar para subsidiar indemnizaciones. Con un ajuste de 38.000 millones de dólares en marcha, la disputa por las prioridades fiscales define el Presupuesto 2026.
En el marco de la discusión del Presupuesto 2026, un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expuso la paridad técnica entre los proyectos en pugna dentro del Congreso de la Nación. Según el documento, el costo de financiar las leyes de discapacidad y el presupuesto universitario representa un 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra coincide casi con exactitud con el impacto fiscal que generaría la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), la herramienta con la cual el Poder Ejecutivo busca aliviar el costo de las indemnizaciones para el sector empresarial.
La controversia escaló debido a que el ministro de Economía, Luis Caputo, no incluyó las partidas solicitadas por el Poder Legislativo en la presentación original de la «Ley de Leyes». El reporte del IARAF detalló que, para absorber el impacto de las normas de educación y salud, el gasto primario flexible debería reducirse del 5% al 4,5% del PBI. Por el contrario, los fondos para despidos demandarían recursos por un total de 4,5 billones de pesos, lo cual afectaría directamente la caja del sistema previsional durante el próximo año.
Respecto a la consistencia fiscal, el diputado nacional y ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, recordó las exigencias de los organismos internacionales ante medidas de gasto similar. “En el Staff Report del 20 de marzo de 2023, el staff del FMI advertía explícitamente sobre los desafíos fiscales que introducía la moratoria previsional y exigía medidas correctivas”, puntualizó el legislador. En esa línea, Michel analizó la postura del organismo de crédito frente a las actuales iniciativas oficiales y aseguró: “Seguramente el FMI reclamará el mismo rigor fiscal para financiar despidos que para cuestionar beneficios previsionales”.
Finalmente, el escenario económico proyectado para 2027 también contempla una posible reducción en el Impuesto a las Ganancias corporativo, que pasaría de una alícuota máxima del 35% al 31,5%. No obstante, este alivio impositivo recién impactará en las arcas públicas cuando las empresas presenten sus declaraciones juradas dentro de dos años. Mientras tanto, el ajuste sobre el gasto primario nacional cerraría el 2025 con una caída acumulada de 38.000 millones de dólares respecto a los niveles de 2023.
Fuente: ámbito
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