Presupuesto 2026: la oposición apunta a eliminar artículos clave y tensiona la votación en el Senado

Tras la media sanción en Diputados, bloques peronistas y aliados dialoguistas buscarán rechazar los artículos que eliminan pisos mínimos de financiamiento y condicionan el envío de fondos a las universidades. El oficialismo enfrenta una sesión ajustada y no descarta cambios de último momento.

El Senado se prepara para una sesión decisiva este viernes, en la que el oficialismo intentará sancionar dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de “inocencia fiscal”. Sin embargo, el debate en la Cámara alta aparece atravesado por fuertes resistencias opositoras, especialmente en torno a dos artículos del proyecto presupuestario que podrían definir el resultado final de la votación.

El principal foco de conflicto es el artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento actualmente vigentes para áreas sensibles como Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). De aprobarse este punto, dejarían de ser obligatorios porcentajes establecidos por ley, como el 6% del PBI destinado a educación, el 1% para ciencia y tecnología, el 0,2% para educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

El texto impulsado por el gobierno de Javier Milei prevé, en concreto, derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley de financiamiento de la ciencia; el artículo 52 de la ley de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley del Fondef. Esta iniciativa concentra el mayor rechazo entre los bloques dialoguistas y sectores del peronismo, que anticiparon su voto negativo y advierten que la sesión podría definirse por escaso margen.

Fuentes del oficialismo reconocieron que una eventual caída del artículo 30 pondría en riesgo la aprobación integral del Presupuesto, por lo que no se descartan negociaciones o modificaciones en pleno recinto para evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados.

Otro punto que genera fuertes objeciones es el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El artículo habilita a interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento, una disposición que desde la oposición consideran una afectación directa a la autonomía universitaria.

“Si un funcionario entiende que una universidad no envió la información que considera pertinente, puede cortar los fondos. Es un poder excesivo”, advirtió un legislador opositor, al cuestionar el alcance del control que se le otorga al Poder Ejecutivo sobre el sistema universitario.

El Gobierno llega a esta instancia tras haber eliminado del texto que llegó al Senado el capítulo XI, que contemplaba la derogación de leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, luego de un revés en Diputados. Aun así, no se descarta que el Presupuesto vuelva a la Cámara baja si se introducen cambios de último momento.

Para el resto del articulado, el oficialismo no prevé mayores dificultades. El proyecto contempla un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026. La bancada de La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, asegura contar con los votos necesarios para la aprobación en general, aunque persisten dudas sobre la suerte final de los artículos más controvertidos.

El peronismo llegará dividido a la sesión. Mientras los senadores alineados con gobernadores dialoguistas muestran disposición a acompañar el Presupuesto en general, el sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner mantiene una postura de rechazo a cualquier recorte en educación, ciencia y políticas sociales. En este escenario, las ausencias y las definiciones individuales podrían resultar determinantes.

Para el Gobierno, el resultado de la votación será una señal política clave para ratificar el rumbo económico. Para la oposición, en cambio, la sesión representa una oportunidad de fijar límites y condicionar el alcance del ajuste presupuestario. El desenlace se definirá en un contexto de alta tensión política y con el calendario legislativo al límite del cierre del año.

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