La investigación judicial que busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una lujosa mansión en el partido bonaerense de Pilar ingresó en una etapa clave. El Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky dispuso el secreto de sumario, una decisión adoptada luego de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial y que apunta a preservar el avance de la pesquisa.
La medida se tomó tras una ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica, que impulsó nuevas líneas de investigación y motivó la necesidad de resguardar el expediente. En la práctica, el secreto de sumario impide de manera temporal el acceso de las partes a las actuaciones, una herramienta habitual cuando se prevén diligencias sensibles que podrían frustrarse si se hacen públicas.
En ese marco, el martes por la noche se llevó a cabo un allanamiento en un estudio contable de la localidad de Lomas de Zamora. El operativo tuvo como objetivo el secuestro de documentación vinculada a una contadora relacionada con Luciano Pantano, uno de los titulares formales del inmueble investigado y señalado como presunto testaferro de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Pantano y su madre, Ana Conte, figuran como integrantes de la sociedad Real Central SRL, la firma que aparece como propietaria legal de la mansión ubicada en Villa Rosa y de al menos otras dos viviendas en un barrio privado de la misma zona. Ambos deberán comparecer ante el juez para explicar cómo lograron adquirir bienes de alto valor, en función de su perfil económico declarado.
Con el objetivo de garantizar el derecho a defensa, Aguinsky resolvió reprogramar la citación a indagatoria para el lunes 29 de diciembre. Los imputados podrán optar por declarar de manera presencial o presentar un descargo por escrito. Una vez cumplida esa instancia, el tribunal analizará si corresponde ordenar nuevas medidas de prueba, incluso durante el receso de la feria judicial de enero, que podría ser levantada parcialmente para no interrumpir la investigación.
El foco de la causa está puesto en identificar quiénes solventan efectivamente los gastos de mantenimiento de las propiedades. En el caso de los inmuebles ubicados en el country Ayres del Pilar, los investigadores detectaron que las expensas se abonaban en efectivo en una sucursal bancaria, una modalidad que dificulta la trazabilidad del dinero.
Otro de los puntos que despertó la atención judicial es la existencia de una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón dentro del predio. A partir del análisis de los dispositivos de Telepase, se constató que los peajes eran abonados con una única tarjeta de crédito, por lo que ahora se intenta determinar quién pagaba el resumen y cuál era el origen de esos fondos.
Además, la quinta cuenta con un helipuerto operativo. La Justicia ordenó relevamientos para identificar las aeronaves que aterrizaron allí y elaborar un listado de pasajeros. De forma paralela, se solicitaron informes a empresas proveedoras de servicios de internet, televisión por cable y telefonía celular, con el fin de analizar los abonos vinculados a las direcciones bajo sospecha.
El perfil económico de los imputados aparece como uno de los ejes centrales del expediente. Pantano, ex presidente de la Asociación Argentina de Futsal y con pasado en la tesorería del club Almirante Brown, figura inscripto como monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos al inicio de la causa. Conte, por su parte, es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Pese a ese panorama, la empresa Central Parks Drinks SRL —de la cual Pantano era accionista— experimentó una transformación llamativa. El 16 de mayo de 2024 cambió su nombre a Real Central SRL y elevó su capital social de 300 mil pesos a 58 millones. En esa reestructuración, Pantano cedió su participación a su madre, que pasó a ser la socia mayoritaria. Apenas dos semanas después, la firma concretó la compra del predio de 105 mil metros cuadrados donde se levanta la mansión.
La denuncia sostiene que esta estructura societaria podría haber sido utilizada como una “pantalla” para ocultar bienes pertenecientes a terceros, lo que configuraría el delito de lavado de activos mediante la disimulación del origen real de propiedades de elevado valor económico. El predio, además de la vivienda principal, cuenta con pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y purasangre.
El caso estuvo inicialmente en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos, prohibió la salida del país de los imputados e inhibió sus bienes. Sin embargo, el magistrado se declaró incompetente y la Cámara Federal resolvió que el expediente debía tramitar en el fuero penal económico, donde ahora la investigación avanza con mayor intensidad y bajo estricta reserva.
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