Aunque el Gobierno asegura que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero enviará recordatorios antes de sancionar, el proyecto de Inocencia Fiscal prevé un salto drástico en las multas por incumplimientos formales, que pasarán de montos simbólicos a cifras que pueden impactar de lleno en personas y pequeñas empresas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder los cuestionamientos al proyecto de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, ante el fuerte aumento de las multas automáticas que aplicará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presentación fuera de término de declaraciones juradas.
Según explicó el funcionario en la red social X, antes de intimar y aplicar sanciones, ARCA enviará un recordatorio con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación. Recién vencido ese período se avanzará con la intimación formal y la multa correspondiente. Además, el organismo tendría en cuenta la cantidad de días de demora y diferenciaría los atrasos ocasionales de los incumplimientos reiterados.
Más allá de esta promesa de mayor flexibilidad, el impacto económico del nuevo esquema sancionatorio genera preocupación. Actualmente, la multa prevista por el artículo 38 para infracciones formales es de $200 para personas humanas y $400 para empresas. Con la reforma, esos valores escalarán a $220.000 y $440.000, lo que implica un incremento superior al 100.000%.
Se trata de sanciones aplicadas aun cuando no exista impuesto a pagar, únicamente por no presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas. En ese contexto, tributaristas advierten que una pyme puede verse seriamente afectada por un retraso mínimo motivado por problemas administrativos, falta de personal o situaciones imprevistas, quedando expuesta a multas que resultan desproporcionadas para su estructura financiera.
Desde el sector profesional reconocen que el envío de avisos previos y la posibilidad de reducciones —como el beneficio del 50% si la multa se paga dentro de los 15 días— son herramientas positivas, pero remarcan que su eficacia dependerá de la reglamentación y del grado de discrecionalidad que tenga ARCA al aplicarlas. La ausencia de reglas claras en la ley abre la puerta a interpretaciones cambiantes en el futuro.
El proyecto de Inocencia Fiscal apunta, en paralelo, a incentivar que los argentinos incorporen al circuito formal los ahorros no declarados. De acuerdo con estimaciones oficiales, los pesos y dólares “debajo del colchón” superan los 276.000 millones de dólares. Para ello, la iniciativa eleva los umbrales del régimen penal tributario, permite extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda y crea un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con altos ingresos y patrimonios.
La discusión de fondo, según coinciden especialistas, no pasa solo por la intención de mejorar la recaudación y la formalización, sino por el equilibrio entre control fiscal y razonabilidad. Mientras el discurso oficial busca transmitir previsibilidad y alivio para el sector privado, el fuerte aumento de las multas por infracciones formales aparece como un factor de tensión, especialmente para personas y pymes que no cuentan con márgenes financieros amplios.
