El Gobierno nacional apeló el fallo que lo obliga a aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad

La apelación, presentada por el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y Julio Comadira, fue concedida por el juez con “efecto devolutivo”, lo que significa que la sentencia sigue en vigor hasta que la Cámara Federal de San Martín resuelva el recurso. El Ejecutivo tiene un plazo de cinco días para presentar los argumentos que justifiquen su impugnación.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025, establece una serie de medidas para la protección de personas con discapacidad, pero fue vetada por el Ejecutivo debido a preocupaciones sobre el equilibrio fiscal. A pesar de la oposición del Gobierno, los legisladores insistieron en la promulgación de la ley, lo que obligó a su entrada en vigor sin restricciones. Sin embargo, el Ejecutivo emitió el Decreto 681/2025, condicionado a que el Congreso definiera y detallara las fuentes de financiamiento de la ley.

El origen de la causa fue una demanda colectiva presentada por padres de niños con discapacidad, quienes argumentaron que la paralización de la ley dejaba sin protección a miles de personas, afectando su acceso a servicios de salud, educación y otros derechos fundamentales. Los demandantes sostienen que el Gobierno no tiene la autoridad para condicionar una ley aprobada por el Congreso, ya que ello contradice la Constitución Nacional.

La reacción del Gobierno y el pronunciamiento del juez

El Ministerio de Salud, al responder a la demanda, defendió la decisión del Ejecutivo, argumentando que la implementación de la ley sin definir las fuentes de financiamiento pondría en peligro la estabilidad financiera del Estado. Sin embargo, el juez González Charvay rechazó los argumentos fiscales del Gobierno, declarando que el Congreso había autorizado al Jefe de Gabinete a reasignar recursos y que, por lo tanto, la aplicación de la ley no debería depender de un detalle de fuentes de financiamiento. Además, el juez destacó que la urgencia de la situación para las personas con discapacidad, especialmente niños y ancianos, justificaba la inmediata aplicación de la ley.