La inclusión del artículo 75 en el Presupuesto Nacional desató el rechazo de los docentes universitarios. Desde Conadu Histórica denunciaron un ajuste sobre educación y discapacidad, reclamaron una deuda salarial del 45,9% y advirtieron que, sin financiamiento, podría no comenzar el ciclo lectivo 2026.
Antonio Roselló (Santa María de Las Misiones)
El debate del Presupuesto Nacional volvió a encender una fuerte polémica política y social tras la incorporación del artículo 75, que propone la derogación de leyes consideradas sensibles, entre ellas la de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Desde el sector docente universitario advirtieron que se trata de una maniobra legislativa que profundiza el ajuste sobre la educación pública y anticiparon un escenario de conflicto creciente.
En ese contexto, Antonio Roselló, secretario de Organización de Conadu Histórica, cuestionó duramente la estrategia del Gobierno nacional y de los bloques que acompañaron el dictamen. “Esto realmente es una maniobra artera por parte del Gobierno Nacional porque ya estaba el dictamen de comisión y esto es lo que en los noventa se llamó burocratización y en el gobierno de la Alianza se llamó la Ley Banelco”, sostuvo.
El dirigente sindical apuntó contra el rol de los gobernadores y legisladores nacionales, a quienes acusó de resignar los intereses de las universidades y de los sectores más vulnerables. “Sus diputados, rehenes de los gobernadores y de la miseria que impone el Gobierno Nacional, en vez de representar los intereses del pueblo, vendieron sus votos”, afirmó, y agregó que “en el artículo 75 del proyecto se anulan las leyes de discapacidad”.
Roselló rechazó el argumento oficial de la falta de recursos y comparó el costo fiscal de las leyes cuestionadas con otros beneficios otorgados recientemente. “Las dos leyes, incluida la del Garrahan, son inferiores en el gasto público a los que se les ha premiado en la ley de reforma laboral”, remarcó, al tiempo que denunció que esos beneficios “se les regalaron a las patronales para que despidan trabajadores”.
En relación con la situación salarial, el referente de Conadu Histórica aseguró que existe una deuda concreta del Estado con el sector universitario. “La ley está vigente hoy y al día de hoy nos deben el 45,90%”, precisó, y advirtió que, aun si el Parlamento avanzara con la derogación, ese incumplimiento ya está consumado.
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El escenario, según el gremio docente, podría derivar en una medida inédita. “Acá lo que ya está planteado es el no inicio del ciclo lectivo 2026”, alertó Roselló, tras recordar que el Congreso votó la ley en reiteradas oportunidades y que luego fue vetada por el Ejecutivo. En ese sentido, calificó la inclusión del artículo 75 como “una maniobra chapucera, de bajo nivel, rastrera, en una ley ómnibus”.
El dirigente describió además la crítica situación de los trabajadores universitarios. “Un profesor profesional universitario que tiene 100 alumnos a cargo cobra 250 mil pesos”, señaló, y vinculó esa realidad con “más de 10 mil renuncias en el plantel de la docencia y la investigación universitaria”.
Finalmente, Roselló enmarcó el conflicto en un proceso más amplio de retroceso social. “De lo que se trata es de destruir la salud pública, la educación pública en todos sus niveles y abandonar a los discapacitados”, expresó, y concluyó que “esto es una regresión de 150 años de historia que no la podemos dejar pasar”.
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