Presupuesto 2026: el Gobierno acelera concesiones a aliados para blindar una amplia aprobación en Diputados

A horas del debate, el oficialismo ajustó el proyecto con promesas a gobernadores y bloques aliados, incluido un compromiso con el Pro por fondos de coparticipación para la Ciudad. Apunta a superar los 132 votos, aunque enfrenta resistencia en artículos sensibles como universidades y discapacidad.

El debate del Presupuesto 2026 exhibe un giro estratégico del Gobierno nacional, que dejó atrás el dogmatismo inicial para priorizar la construcción de mayorías amplias en el Congreso. A pocas horas de la sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo multiplicó concesiones de último momento a gobernadores y bloques aliados con el objetivo de asegurarse un primer triunfo contundente que le permita mostrar gobernabilidad y avanzar luego con su agenda de reformas, en especial la laboral.

En el entorno oficial reconocen que ya no alcanza con ganar por la mínima. La meta es exhibir músculo político y consolidar una victoria holgada que le dé respaldo al Ejecutivo en un escenario parlamentario fragmentado. En esa línea, el Gobierno habilitó cambios y compromisos con impacto fiscal acotado, pero de alto valor político.

Entre las principales concesiones figura el aval a la reforma de la ley de Glaciares, reclamada por los gobernadores de Mendoza, San Juan y Catamarca, provincias con fuerte actividad minera. A otras jurisdicciones aliadas se les prometieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN), obras públicas y el respaldo de la Nación para gestionar endeudamiento. Sin embargo, la señal más relevante llegó sobre el cierre de las negociaciones: un guiño al bloque Pro, que había acompañado el dictamen en disidencia.

Tras intensas gestiones, el oficialismo aceptó incluir un artículo específico que reconoce la obligación de girar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación, tal como ordenó la Corte Suprema. El texto no fija montos ni plazos concretos, pero faculta al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con el fallo. Hasta ahora, la Nación transfería de manera diaria y automática el 1,40%, pero incumplía las transferencias semanales correspondientes al 1,55% restante.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, venía reclamando esos fondos, y en el Pro celebraron la inclusión del artículo como un avance político. Cristian Ritondo, presidente del bloque, y Diego Santilli se atribuyeron el mérito de haber destrabado la negociación con el Ministerio de Economía, que hasta último momento se mostraba reticente a cualquier concesión de este tipo. “Hasta ayer era nada”, admitían en el entorno del macrismo, en referencia a la postura inflexible del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Esa resistencia también se mantiene frente al reclamo de 13 provincias para que la Nación transfiera fondos a las cajas previsionales no transferidas a la Anses, un pasivo millonario que impactaría de lleno en el superávit fiscal. No obstante, por debajo del discurso público, continúan negociaciones informales. En el oficialismo deslizan que podría haber margen para atender algunos pedidos si esas provincias acompañan proyectos clave como la modernización laboral, aunque aclaran que no habrá compromisos explícitos en el texto del presupuesto.

Con este esquema, el bloque libertario que conduce Gabriel Bornoroni calcula un piso de 132 votos a favor en la votación en general del proyecto. Un número suficiente para mostrar fortaleza, aunque el escenario se vuelve más incierto en la votación en particular, donde la oposición podría articularse para modificar o rechazar artículos sensibles.

Del otro lado, los bloques que anticiparon su rechazo suman alrededor de 120 votos: los 93 diputados de Unión por la Patria, 22 de Provincias Unidas, los cuatro de la izquierda y un grupo reducido de legisladores críticos del Gobierno. Aun así, en la oposición predomina un clima de resignación y la percepción de que la aprobación general del presupuesto es un hecho casi consumado.

El principal foco de conflicto está en el artículo 75, que deroga las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, ambas suspendidas pese a haber sido insistidas por el Congreso tras el veto presidencial. En el oficialismo confían en que el radicalismo, ahora integrado con el Pro en el interbloque Fuerza del Cambio, no dará la pelea por el financiamiento universitario. Argumentan que el presupuesto asigna $4,8 billones al área para 2026, un monto que consideran suficiente.

Distinta es la situación en Innovación Federal: los diputados misioneros y salteños manifestaron su disidencia en el dictamen, lo que representa siete votos clave que el Gobierno intenta retener hasta el final de la negociación.

En cuanto a la ley de discapacidad, el oficialismo incorporó el artículo 76 como estrategia defensiva. La norma establece que los aranceles a prestadores de servicios de discapacidad se actualizarán trimestralmente por decisión del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, y que, en caso de no hacerlo, se ajustarán automáticamente por inflación. La medida busca neutralizar las críticas por falta de sensibilidad social, aunque en el Congreso admiten que su eficacia política recién se comprobará en el recinto.

Con negociaciones abiertas hasta el último minuto, el debate del Presupuesto 2026 se perfila como una prueba clave para un Gobierno que, obligado por la aritmética parlamentaria, apuesta a la transacción política como herramienta central para sostener su agenda.