El oficialismo logró dejar el proyecto listo para su votación en Diputados con apoyo de Pro, la UCR, el MID y gobernadores aliados. A último momento incorporó un artículo que elimina leyes clave, lo que profundizó las tensiones con bloques opositores y sectores aliados.
El Gobierno nacional consiguió este martes imponer su dictamen del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado este miércoles en el recinto. La iniciativa del Poder Ejecutivo avanzó con el respaldo de La Libertad Avanza, el acompañamiento en disidencia de Pro, la UCR y el MID, y el apoyo de gobernadores aliados.
El dictamen de mayoría reunió 28 firmas y seis disidencias, en un escenario marcado por la polémica incorporación de último momento del artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Se trata de normas cuyo cumplimiento venía siendo reclamado por amplios sectores de la oposición, incluidos algunos aliados del oficialismo.
En total se presentaron tres dictámenes: el de mayoría impulsado por el Gobierno y dos de minoría, correspondientes a Provincias Unidas y Unión por la Patria. La inclusión del artículo que elimina ambas leyes generó un fuerte rechazo parlamentario, ya que esas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido suspendidas por el Ejecutivo al momento de su promulgación, una decisión que distintos bloques calificaron como inconstitucional.
La reunión fue conducida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la comisión, mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto al sostener que garantiza el equilibrio fiscal y aporta previsibilidad sobre el gasto público. La secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Silvana Giudici, fue una de las encargadas de reunir las adhesiones finales.
El respaldo al dictamen oficial provino de Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal —espacio que nuclea a representantes de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)—, el bloque Elijo Catamarca, alineado con Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y Independencia, vinculado al tucumano Osvaldo Jaldo.
Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de esos bloques había votado previamente las leyes que ahora se buscan derogar, lo que dejó expuesta una fuerte contradicción política. Esa tensión quedó reflejada en las disidencias parciales que acompañaron el dictamen y podría reaparecer durante la votación en particular en el recinto.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la eliminación de las normas y advirtió sobre una falta de respeto institucional. En la misma línea, Nicolás Massot, referente del dictamen de Provincias Unidas, sintetizó la crítica al señalar: “Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos, pero no hay para la discapacidad”.
En paralelo, trascendió que la Casa Rosada aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como incentivo para lograr respaldo político. Los giros alcanzaron los 43.000 millones de pesos y beneficiaron, entre otras, a las provincias de Tucumán, Misiones y Chaco. Además, el Ejecutivo envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares, una demanda histórica de gobernadores cordilleranos para destrabar inversiones.
La disidencia de Pro incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, que asciende a 274.000 millones de pesos, y exigió que el Presupuesto incorpore una cláusula para garantizar la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, en línea con un fallo de la Corte Suprema.
Por su parte, el dictamen de minoría de Unión por la Patria, presentado por Germán Martínez, propuso asegurar el financiamiento universitario, la vigencia plena de la emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica, además de restituir programas educativos, mejorar ingresos jubilatorios y reactivar obras de infraestructura. Al cerrar, Martínez afirmó que su bloque seguirá defendiendo esas banderas “más allá de los resultados electorales”.
En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% anual y un tipo de cambio de $1423 para diciembre del próximo año, además de un superávit primario del 1,5% del PBI. Estas cifras contrastan con las estimaciones del FMI, que proyecta un crecimiento del 4% y una inflación del 16,4%.
El texto también incorpora exenciones impositivas para la importación y comercialización de gasoil y diesel oil durante 2026, prorroga beneficios para energías renovables hasta 2045 y mantiene la eliminación de metas mínimas de financiamiento para educación, ciencia y defensa, consolidando así uno de los ejes más controvertidos del Presupuesto impulsado por el Gobierno.
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