El Ejecutivo desplegará el protocolo antipiquetes ante la marcha de la CGT contra la reforma laboral

El Gobierno nacional ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada por la CGT y otras centrales sindicales en rechazo al proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el presidente Javier Milei. La protesta, prevista para este jueves con destino a la Plaza de Mayo, será el primer operativo de magnitud a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien recientemente asumió en reemplazo de Patricia Bullrich.

Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que el esquema de seguridad será el habitual y que no se habilitarán cortes de calles ni accesos. “Se aplicará el protocolo como siempre”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad, donde remarcaron que Monteoliva ya venía supervisando este tipo de operativos desde su anterior función como secretaria del área.

En la Casa Rosada relativizaron el peso político de la protesta sindical y aseguraron que no tendrá incidencia en el trámite parlamentario. “No va a cambiar nada en el Congreso”, afirmaron fuentes oficiales, que anticiparon una movilización controlada y sin capacidad de alterar el rumbo del proyecto oficial.

La marcha contará con la participación de las dos CTA, organizaciones piqueteras y sectores de izquierda, que prevén movilizarse desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en Plaza de Mayo. Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad anticipó que se desplegarán dispositivos de encapsulamiento para ordenar el ingreso de las columnas y garantizar la circulación vehicular y peatonal.

Monteoliva sostuvo en declaraciones recientes que el operativo se analizará “como siempre”, evaluando la dinámica de la movilización y la cantidad de participantes. “El orden público no se negocia”, afirmó, en línea con la política de seguridad aplicada desde el inicio de la gestión de Milei.

La decisión de la CGT de salir a la calle se tomó luego de expresar su disconformidad con el texto final de la reforma laboral, pese a su participación en el Consejo de Mayo. Desde la central obrera advirtieron que la iniciativa oficial implica un recorte de derechos laborales y una limitación al ejercicio de la huelga, postura que también fue respaldada por las CTA y organizaciones sociales.

En el Gobierno, en cambio, sostienen que la reforma es clave para avanzar en la “modernización” del mercado de trabajo y confían en reunir los votos necesarios para su aprobación, ya sea antes de fin de año o en el inicio del próximo período legislativo. Mientras tanto, la Casa Rosada se prepara para un nuevo capítulo de tensión en las calles, con la convicción de que la protesta no alterará su hoja de ruta.