Este martes se reanuda el juicio por la causa Cuadernos y se encamina hacia una etapa decisiva 

Tras un nuevo cuarto intermedio, este martes se reanuda el juicio oral por la causa Cuadernos en un tramo clave del proceso: la lectura de descargos de varios empresarios imputados y el inminente inicio de la valoración de la prueba, en una investigación que analiza un presunto entramado de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudará este martes a las 13.30 y se encamina hacia una etapa decisiva con la inminente valoración de la prueba. Según informaron fuentes judiciales, está previsto que en la audiencia se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, para luego avanzar con el análisis del material probatorio incorporado al expediente.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la utilización de la Sala AMIA, recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002, como nuevo espacio disponible para la realización de juicios orales de gran envergadura. La decisión se enmarca en las obras de mejora edilicia del Poder Judicial y busca dar respuesta a las limitaciones de infraestructura que venían siendo señaladas por distintos tribunales.

Esta resolución permitirá que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado de llevar adelante el juicio por la causa Cuadernos y cuyos integrantes habían reclamado deficiencias edilicias, pueda acelerar el desarrollo del proceso judicial en una sala adecuada a la magnitud del debate.

Durante la audiencia del jueves pasado, se detalló el presunto pacto entre empresarios y funcionarios para sostener un esquema sistemático de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del entonces Ministerio de Planificación, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, junto a empresarios como Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la estructura estaba orientada a generar beneficios económicos ilegales a través de negociaciones espurias vinculadas a la obra pública, el sector energético y el transporte. El mecanismo consistía en la exigencia de porcentajes sobre el valor de las obras adjudicadas —generalmente entre el 3% y el 20%— que eran entregados como retornos a cambio de la adjudicación de contratos y la liberación de pagos.

En su declaración, Carlos Wagner, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que el sistema comenzaba con reuniones entre empresarios en las que se acordaba qué empresa se quedaría con cada obra y qué monto incluiría la dádiva. Luego, esa información era trasladada a José López, quien a su vez la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para que esos valores fueran incorporados en los listados de pagos mensuales.

En cuanto a la nueva sede judicial, la obra de puesta en valor de la Sala AMIA fue realizada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, bajo la supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. La intervención demandó una inversión de $162.434.175 y se inscribe en el Plan General de Obras impulsado por el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de adecuar los espacios judiciales a los requerimientos del nuevo Sistema Acusatorio.

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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024