Jueces nacionales rechazan la "Ley de Modernización Laboral" impulsada por el Gobierno, advirtiendo que la propuesta podría disolver el fuero laboral nacional y cuestionan la transferencia de competencias judiciales.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un contundente rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno de Javier Milei. Según los jueces, la propuesta implícitamente busca derogar la vigencia del fuero laboral nacional, lo que pondría en riesgo la autonomía y el funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo.
En un comunicado oficial, firmado por el presidente de la Asociación, Andrés Basso, y la secretaria María Carolina Ocampo, los jueces calificaron de «inadmisible» la redacción de los artículos 90 y 91 del proyecto, que atentan contra la independencia judicial y la existencia del fuero laboral. Los magistrados sostienen que las modificaciones propuestas buscan la «disolución de la Justicia Nacional del Trabajo».
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 90, que obliga a los jueces laborales a adaptar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según los jueces, esta medida compromete la autonomía judicial al establecer que el apartamiento de esos criterios, sin justificación, constituiría una causal de mal desempeño.
El artículo 91 es el que ha generado mayor preocupación, ya que establece una «vigencia transitoria» de la Justicia Nacional del Trabajo, con el fin de transferir sus competencias al gobierno porteño. Esta transferencia es un proceso que comenzó hace 30 años, con la aprobación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que, en la práctica, ha sido implementado por la Corte Suprema en el fallo «Levinas». Sin embargo, los jueces nacionales ven con preocupación que la reforma acelere este proceso, poniendo en peligro la continuidad del fuero laboral nacional.
«Instamos a que cualquier modificación se realice dentro de un marco de respeto a las instituciones, garantizando la independencia judicial y la no disolución de los fueros nacionales», manifestaron los magistrados, quienes se declararon en «estado de alerta permanente». Además, anunciaron que están evaluando «acciones a adoptar» mientras mantienen una comunicación constante con los miembros de la entidad.
Este rechazo de los jueces se suma a la creciente oposición que ha generado la reforma laboral en distintos sectores, que consideran que las modificaciones amenazan la estabilidad del sistema judicial y los derechos laborales en Argentina.
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