La directora de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, Constanza Yudar, afirmó que avanzan en controles, recorridas y recomendaciones tras un nuevo encuentro del Consejo Consultivo, y sostuvo que “no hay superpoblación, pero sí un límite que requiere seguimiento permanente”.
En el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura provincial se realizó la 16ª sesión del Consejo Consultivo del Sistema de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, donde autoridades de todos los poderes del Estado, organizaciones sociales y representantes de la justicia analizaron la situación carcelaria y los desafíos en los centros de detención de Misiones. Allí, la directora de la Comisión de Buenas Prácticas, Constanza Yudar, expuso los ejes del trabajo y los resultados preliminares de los monitoreos.
“Fue un día productivo, vimos avances y estuvimos todos los poderes reflejados en la mesa”, señaló. Remarcó que continúan ajustando el cambio de denominación del organismo, ahora enfocado en “buenas prácticas en contexto de encierro”, y adelantó que se sostendrá “el mismo compromiso de siempre” en recorridas y controles.
Yudar explicó que el informe presentado incluyó datos sobre la cantidad de personas privadas de la libertad, indicadores de reinserción y el impacto de programas específicos dentro de las unidades penales, como actividades deportivas. “Hablamos de números, de reinserción social, del deporte en contexto de encierro y cómo esto ayuda a bajar la conflictividad”, detalló. A la vez, aclaró que todavía no cuentan con resultados definitivos: “Es una prueba que estamos realizando”, dijo, y valoró la presencia de organizaciones civiles que aportan una mirada externa.
La funcionaria confirmó que Misiones cuenta con ocho unidades penales y más de 160 comisarías. “El trabajo es muy amplio. Hoy se está hablando de la cantidad de personas privadas de libertad. No tenemos superpoblación, sí estamos al límite”, afirmó. Según los datos expuestos, hay unas 1.800 personas detenidas, de las cuales 217 superan los dos años de prisión preventiva. “Las preventivas extendidas son un reclamo permanente. La persona privada de su libertad quiere su resolución y volver a reinsertarse en la sociedad”, expresó.
Monitoreos y reclamos en las unidades
Consultada sobre las recorridas en los penales y las principales demandas, indicó que los planteos más frecuentes “son judiciales”. “No dejamos de hacer recomendaciones porque nos parece muy importante que los casos avancen”, sostuvo. También adelantó que esperan “tener otros números” para el próximo Consejo Consultivo, luego de un nuevo ciclo de relevamientos preventivos y de emergencia.
La entrevista incluyó una referencia al impacto de dos causas emblemáticas de violencia institucional en Misiones: los asesinatos de Hugo Wasyluk (2011) y Carlos Guirula (2014), ambos fallecidos tras intervenciones policiales violentas y cuyos juicios derivaron en condenas a prisión perpetua para los principales responsables.
Sobre el rol que estos hechos tuvieron en la construcción actual de políticas de control, Yudar consideró que “marcan un hito”. “La creación de la comisión pasa después del caso Guirula”, recordó. Y planteó que los procesos judiciales y las condenas recientes generaron un cambio de enfoque en las fuerzas: “No solo hablamos de excesos, sino de un cambio de cabeza. La persona que comete un delito tiene que ser llevada a estar privada de su libertad y no tiene que pasar nada más”.
Destacó, además, la presencia de estudiantes de seguridad en la sesión. “Desde la educación también hay una modificación de perspectiva”, indicó.
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