El Gobierno decidió poner paños fríos en la tensión abierta con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y redirigir sus esfuerzos hacia las negociaciones legislativas que se activan con el inicio de las sesiones extraordinarias.
Aunque en los últimos días sobresalió el pedido de la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, para “estudiar la transparencia de la AFA” y avanzar con investigaciones sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, en la Casa Rosada aseguran que no está en preparación ningún movimiento judicial inmediato.
En el Ejecutivo remarcan que la AFA no forma parte del eje central de prioridades del Gobierno, que por estas horas concentra su estrategia en la aprobación de tres proyectos clave: el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la iniciativa que busca promover la circulación de los dólares atesorados por fuera del sistema financiero. La postura oficial es clara: cualquier escalada contra el organismo del fútbol argentino podría generar tensiones con la FIFA, algo que buscan evitar a pocos meses del Mundial 2026.
En Balcarce 50 explican que la prioridad es no exponer al país a una posible sanción del ente rector del fútbol mundial por intromisión estatal. La normativa de la FIFA es estricta en ese punto y señala que no reconoce decisiones impulsadas por órganos ajenos a la propia estructura del fútbol, una advertencia que está muy presente en el Gobierno. “Tienen una política muy rigurosa”, admiten fuentes oficiales, que reconocen la necesidad de actuar con cautela para impedir que la situación se confunda con una intervención encubierta.
En este contexto, desde el entorno presidencial descartan cualquier intento de intervención directa sobre la AFA y aseguran que no hay en carpeta una ampliación de las acciones judiciales. El único avance en curso es el que ya inició la Dirección General Impositiva (DGI) en el marco de una investigación sobre el financista Ariel Vallejos, un empresario vinculado a Tapia. Esa causa derivó este martes en una serie de 35 allanamientos en distintos puntos: la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes.
Otra posibilidad que se evalúa desde la semana pasada es la apertura de un sumario administrativo a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), motivado por presuntas irregularidades contables en los balances de la entidad. Sin embargo, el Gobierno no tomó una resolución definitiva y, por ahora, solo decidió avanzar con una reiteración formal de los pedidos de explicaciones que figuran en expedientes previos y que continúan sin respuesta.
Mientras tanto, la atención se concentra en el Congreso. Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para una etapa intensa de negociaciones políticas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya mantuvo encuentros con legisladores de La Libertad Avanza para brindar detalles técnicos de los proyectos que el Ejecutivo considera fundamentales.
La estrategia legislativa incluirá reuniones con bloques aliados y contactos más estrechos con gobernadores para intentar asegurar los votos necesarios. En la conducción política de las negociaciones estarán figuras centrales del oficialismo: Martín Menem desde Diputados, el ministro del Interior Diego Santilli y la propia Bullrich.
FUENTE: TN.
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