El fiscal general Johel Zelaya instruyó a organismos nacionales e internacionales, incluida Interpol, a detener al exmandatario hondureño por una causa de lavado de activos y fraude vinculada a un millonario desvío de fondos públicos. Hernández recuperó la libertad el 1 de diciembre tras el perdón presidencial de Trump.
El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, ordenó este lunes a los cuerpos de seguridad nacionales y a Interpol ejecutar una orden de captura vigente desde 2023 contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La instrucción reabre un frente judicial en Tegucigalpa apenas días después de que el exmandatario recuperara la libertad.
“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, expresó Zelaya en un mensaje difundido en la red social X.
Los señalamientos contra Hernández están vinculados a un caso millonario que involucró a exdiputados, empresarios y particulares en el desvío de recursos estatales para financiar la campaña política de 2013. “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, añadió el fiscal general, quien confirmó que la primera etapa de la investigación ya concluyó. En ese proceso fue detenida Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
Zelaya remarcó que su gestión mantiene un compromiso “con la verdad y con la justicia”, y aseguró que las investigaciones continuarán pese al indulto otorgado en Estados Unidos.
El indulto de Trump y el trasfondo político
Hernández cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico en EE.UU., tras ser declarado culpable en junio de 2024. Había sido extraditado desde Honduras en abril de 2022, apenas semanas después de dejar la presidencia. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de haber convertido al país en un “narcoestado”, imputaciones que él siempre calificó como “calumnias”.
El expresidente recuperó la libertad el 1 de diciembre, luego de que Donald Trump anunciara un indulto argumentando que Hernández había sido “tratado con mucha dureza e injusticia”. El gesto político se produjo a menos de dos días de las elecciones hondureñas y vino acompañado de un respaldo explícito de Trump al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, heredero político de Hernández.
En paralelo, Washington desplegó parte de su armada hacia el Caribe para neutralizar el tráfico de drogas y reportó la destrucción de una veintena de presuntas narcolanchas, con más de 80 personas fallecidas en esos operativos.
Un clima electoral tenso y denuncias de manipulación
Las elecciones en Honduras avanzan con un conteo voto a voto. Con el 97% de las actas escrutadas, Asfura mantiene una leve ventaja con el 40,52% de los votos frente al 39,18% del candidato liberal, Salvador Nasralla. Apenas 40.000 sufragios separan a ambos aspirantes, en medio de repetidas caídas del sistema de conteo.
Nasralla denunció que “el sistema está manipulado”, mientras que el partido oficialista Libre exigió la “anulación total” de las elecciones y convocó a protestas y huelgas. Su candidata, Rixi Moncada —heredera política de la presidenta Xiomara Castro— aparece tercera con el 19,32% de los votos, muy lejos de los dos primeros lugares.
En este escenario, la orden de captura contra Hernández reintroduce un elemento de alta tensión institucional, con implicancias judiciales, diplomáticas y electorales para el país centroamericano.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
