Los ocupantes del terreno aseguran que viven allí desde hace más de diez años y piden que se cumpla el compromiso de reubicación antes de concretar la medida judicial.
Una familia del barrio Madariaga, en Posadas, resiste el desalojo de un terreno donde asegura vivir desde hace más de una década. Mientras la Policía recibió la orden de avanzar con la medida, los residentes solicitan una prórroga y exigen que la Municipalidad cumpla con el compromiso de otorgarles un espacio donde reubicarse.
Karen Soto, una de las vecinas que permanece en el lugar, relató que el conflicto judicial se inició en 2021. “Venimos desde el 2021, inició la demanda del lugar”, explicó. Según su testimonio, durante años hubo varios supuestos propietarios, pero ninguno presentó documentación válida hasta la llegada del actual denunciante: “Ya anteriormente habían aparecido como cinco dueños, se le pidió el papel del lugar y desaparecían. Aparece el dueño este y presenta los papeles”.
Soto sostuvo que en ese momento buscó asesoramiento legal y presentó pruebas del estado del predio. Incluso impulsó una contrademanda vinculada a los dichos del propietario sobre el pago de impuestos y el presunto cercado del terreno: “Yo presenté los papeles, presenté fotos del estado del lugar. Había hecho una contrademanda porque el señor había dicho que el lugar pagaba inmobiliaria y que estaba cercado, y es mentira”.
La mujer señaló que el proceso avanzó con dificultades debido a la falta de acompañamiento profesional: “Mi abogada más que ayudarme no me ayudó en nada, no me notificaba”. Indicó que, en las últimas audiencias, se les sugirió conseguir un sitio alternativo para mudarse: “¿Cómo nosotros vamos a conseguir un lugar? Nadie te da un lugar hoy en día”.
Soto afirmó que tanto ella como su familia están dispuestos a retirarse si se cumple lo pactado. “No tenemos ningún problema en salir. El tema es el lugar. La municipalidad se comprometió a buscarnos un lugar, a darnos los cortes de casa”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que nunca recibieron comunicación oficial ni oferta concreta: “Estábamos esperando eso y no, en ningún momento se comunicaron”.
La vecina también mencionó dificultades vinculadas a servicios básicos y a trámites ante organismos provinciales. Explicó que no pudieron avanzar en gestiones del Iprodha por la falta de regularización de las calles del barrio: “Nosotros sí o sí teníamos que presentar un certificado que diga la calle tanto y el nombre. Fui a pedir el papel de las calles y está todo mal”.
En el predio viven dos familias: Soto con sus dos hijos, y su hermana con cuatro menores. Ambas sostienen que la urgencia del desalojo las deja sin alternativa inmediata. “Cómo vamos a salir y dónde vamos a ir”, expresó, destacando que el mayor de sus hijos tiene un problema cardíaco.
La Policía les comunicó que deberá cumplir la orden judicial, aunque —según contaron— buscan evitar un conflicto. “Ellos nos dijeron que sí o sí van a tener que cumplir con la orden de desalojo, pero no quieren hacer eso. Quieren dar una mano con el tema de los días”, relató.
En medio de la situación, vecinos de la zona se acercaron en señal de respaldo. “La gente nos conoce, sabe que hace años estamos acá. Vinieron a hacer apoyo presencial”, indicó.
Por último, Soto reclamó igualdad de condiciones en el proceso y la presencia de su representante legal antes de avanzar: “Así como el señor está con su abogado, yo también quiero que esté mi abogado para defenderme, porque en este momento no tengo ni voz ni voto”.
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