El Gobierno nacional avanza hacia una nueva etapa de reducción del Estado y prepara un ajuste que podría implicar la baja de alrededor del 10% de los empleados públicos. Aunque en la Casa Rosada aún evitan confirmar cifras exactas, diversas fuentes oficiales señalaron que el porcentaje sería similar al de los recortes ya aplicados desde la llegada de Javier Milei al poder.
De acuerdo con el último informe del INDEC correspondiente a octubre, la administración pública nacional —incluyendo organismos, empresas y sociedades estatales— cuenta con 285.570 trabajadores. Desde diciembre de 2023, más de 58.000 personas fueron desvinculadas de distintas áreas del Estado: organismos centralizados, descentralizados, dependencias de seguridad, fuerzas militares y compañías públicas. Hasta ahora, buena parte del ajuste se concentró en la estructura centralizada, pero a partir de 2026 el foco se trasladará hacia los organismos descentralizados.
La Casa Rosada anticipa que el inicio del nuevo proceso de despidos es “inminente”. La decisión se aplicará en un cronograma que se extendería durante las próximas semanas y los dos primeros trimestres de 2026, coincidiendo con el vencimiento de miles de contratos que no serían renovados. “Hay contratos desde la época de Menem”, recordó una de las fuentes consultadas, en referencia a la antigüedad de algunos vínculos laborales anuales que caerían automáticamente sin renovación.
En esta nueva fase, la administración libertaria analizará recortes transversales en ministerios, empresas estatales y organismos autárquicos. Entre las dependencias en revisión aparecen la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el Conicet, la Coneau, el Archivo General de la Nación, el ARCA, la ANSES, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTI, el INTA y el Enacom, entre otros. También se prevé que parte de la reducción provenga de la eliminación definitiva de los registros automotores, junto con los planteles de empresas que avanzan hacia procesos de privatización.
“Vamos a terminar de eliminar los registros de automotores y a privatizar más empresas”, destacan en Balcarce 50, donde interpretan que la pausa electoral retrasó reformas que ahora buscan acelerar. Además de la no renovación de contratos, otra línea de trabajo será la supresión de áreas duplicadas dentro del Estado, una de las principales críticas del Gobierno al aparato público.
La ejecución del ajuste estará encabezada por la Jefatura de Gabinete, bajo la conducción de Manuel Adorni, junto con el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En el proyecto de Presupuesto 2026, Adorni tendrá un rol clave en la autorización de nuevas contrataciones. El artículo 7 establece que ningún cargo vacante —presente o futuro— podrá cubrirse sin su aprobación previa.
En paralelo a los despidos, en Medios Públicos se prepara la apertura de un plan de retiros voluntarios. Entre TV Pública y Radio Nacional trabajan cerca de 2.500 empleados, y en la Casa Rosada aseguran que se puede operar con un staff significativamente menor. Dado el tipo de vínculos laborales en ese sector, el Gobierno buscará acuerdos individuales para evitar conflictos.
Con esta nueva etapa de ajuste, la administración Milei apunta a consolidar su plan de reducción del Estado, profundizando un camino que ya produjo decenas de miles de desvinculaciones y que promete continuar en 2026.
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