El juicio como escenario político: líderes nacionales presionan en Misiones mientras los comerciantes buscan defender sus derechos

El juicio oral y público contra la dirigente sindical Mónica Gurina y el docente Leandro Sánchez ha dejado de ser un proceso judicial focalizado en hechos delictivos locales para transformarse en una plataforma de disputa política nacional.

Ambos están imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”, delitos cometidos durante el prolongado acampe docente de junio de 2024 que mantuvo secuestrada la avenida Uruguay. Sin embargo, la estrategia de la defensa y de las organizaciones gremiales ha quedado expuesta desde la primera jornada: victimizarse para no responder por los daños causados.

El desembarco de la presión nacional

Para reforzar esta maniobra de politización, llegaron a Posadas figuras centrales del sindicalismo nacional, buscando «marcar la cancha» al Tribunal Penal 1. Entre los presentes en la sala se destacaron Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; y la histórica dirigente docente y ex CTERA, Marta Maffei.

Su presencia no es protocolar; responde a una táctica de nacionalización del conflicto. Al presentar el caso como una «persecución», intentan blindar a los acusados bajo el paraguas de la actividad gremial, ignorando que lo que se juzga es la comisión de delitos concretos que afectaron a toda una ciudad.

El relato contra la realidad

La retórica utilizada por los dirigentes visitantes busca desviar el foco de atención. En declaraciones a la prensa, Rodolfo Aguiar no dudó en vincular el juicio con el escenario político nacional, en un claro intento de ideologizar el expediente:

“Sientan en el banquillo de los acusados a una maestra y a un maestro de escuela. Eso tiene una clara intención, disciplinar al conjunto del movimiento obrero que pretende luchar. Este proceso de criminalización de la protesta social que se está llevando adelante en esta provincia está íntimamente vinculado con lo que ocurre en el orden nacional. Es una réplica de la política de Milei. Represión y más represión como única posibilidad de que pase este modelo de país en el que no ingresamos con una vida digna trabajadores y jubilados”.

Con estas palabras, Aguiar intenta transformar a los victimarios en víctimas, omitiendo deliberadamente que la «lucha» a la que refiere implicó violar órdenes judiciales y pisotear los derechos de libre circulación y comercio de miles de posadeños.

Los comerciantes: las verdaderas víctimas del «Modelo» de protesta

Mientras los micrófonos se centran en el discurso político de Aguiar, Godoy y Maffei, la realidad de los comerciantes de la avenida Uruguay permanece inalterable y dolorosa. Ellos no fueron «reprimidos» por un modelo económico, sino asfixiados por el bloqueo físico de sus locales liderado por los hoy acusados.

Para el sector privado, el perjuicio no es una teoría conspirativa, es un hecho contable:

• Pérdidas de facturación irreparables durante las semanas de corte.
• Acumulación de deudas por alquileres e impuestos que no se detuvieron.
• El riesgo real de cierre que enfrentaron muchas PyMES familiares.

El reclamo de los comerciantes es que la Justicia no se deje amedrentar por la presencia de dirigentes porteños. Exigen que se ratifique que el derecho a la protesta no es absoluto y que no puede ejercerse a costa de la ruina económica del prójimo.

Un punto de inflexión necesario

Este juicio representa una oportunidad histórica para Misiones. La Justicia debe decidir si cede ante la presión corporativa que intenta imponer la impunidad bajo el disfraz de «lucha social», o si sienta un precedente de respeto a la ley.

Los ciudadanos y comerciantes esperan que el fallo deje claro que, en un Estado de Derecho, ni Mónica Gurina, ni Leandro Sánchez, ni los dirigentes nacionales que vinieron a apoyarlos, están por encima de las normas que garantizan la convivencia pacífica.

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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024