“Fue un caos”: comerciantes recuerdan el acampe piquetero de 2024 al inicio el juicio oral contra Gurina y Sánchez

Los comerciantes de la avenida Uruguay aún recuerdan con claridad los días del acampe piquetero de 2024, marcado —según coinciden— por la imposibilidad de trabajar con normalidad, la caída de ventas y un fuerte deterioro del espacio público.

Ivana Cuello, de La Obra Amoblamientos, describe aquel período como “un caos”. Cuenta que la vereda de su local había sido renovada recientemente y que terminó “destruida” por el paso constante de personas y elementos del campamento. “Tuvimos que venir con ácido a limpiar porque todo quedó lleno de grasa”, recordó.

La ocupación, dijo, impedía incluso abrir el negocio: carpas instaladas sobre la vereda y la calzada, ollas, sillas y personas circulando hacían que clientes y empleados debieran “abrirse paso” para ingresar. “Las ventas bajaron muchísimo porque la gente directamente no podía llegar”, resumió.

Si bien su mercadería no sufrió daños por el humo —algo que sí denunciaron otros comercios—, Cuello subraya que la mayor pérdida estuvo en la atención al público y en la inversión hecha en la vereda. También señala episodios tensos: aunque algunos manifestantes se mostraban amables y hasta pedían cargar sus celulares, asegura que otros reaccionaban con violencia.

“Un día no me dejaban pasar y un hombre se puso agresivo. Estaba borracho. Los policías lo frenaron y me pidieron disculpas”, relató. Tras el levantamiento del acampe piquetero, la recuperación tampoco fue inmediata: “Costó volver a la normalidad, sobre todo por la mugre que quedó y porque los clientes tardaron en regresar”.

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Una mirada distinta ofrece Pablo Hatserian, de Matafuegos del Sol, quien admite que su comercio prácticamente no abrió durante esos días, aunque considera que el impacto fue “más duro para quienes estaban acampando” que para los propios comerciantes.

“Nosotros veníamos un rato, pero ellos pasaban frío, lluvia, estaban con sus familias… fue muy feo”, señaló. Aun así, coincide en que la actividad comercial quedó paralizada: no levantaban la persiana y apenas abrían una puerta lateral para controlar el local. “No trabajamos nada esos días”, dijo, y recordó que todo el corredor estaba bloqueado, desde la avenida Cabred hasta Trincheras de San José.

Hatserian destacó que, pese a las complicaciones, se generó un clima de solidaridad entre comerciantes y manifestantes. “Si necesitaban agua, colaborábamos. Incluso nos invitaban con lo que cocinaban en la puerta. Era evidente la necesidad que tenían”, expresó. Tras el levantamiento del campamento, la Municipalidad inició rápidamente tareas de limpieza, aunque la recuperación, afirma, “no fue inmediata”. Aun así, reconoce: “Nos pusimos contentos de que volviera la normalidad, más por ellos que por nosotros”.

El caso judicial que vuelve a escena

Las declaraciones de comerciantes como Cuello y Hatserian se dieron en el marco del inicio del juicio oral contra Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, los dirigentes sindicales que encabezaron el acampe de 2024. La causa llegó a esta instancia luego de meses de investigación y del rechazo de ambos a la probation ofrecida por la fiscalía.

El origen del expediente se remonta al acampe instalado en mayo de 2024 sobre la avenida Uruguay. El 1 de junio, una orden judicial dispuso liberar la calzada; los manifestantes acataron parcialmente, pero ese mismo día volvieron a ocuparla. El 3 de junio, la Policía constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigentes.
Con base en testimonios, actas policiales, fotografías y constataciones oficiales, la fiscal de Instrucción Nº 7, Patricia Inés Clerici, imputó a Gurina y Sánchez por Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte, considerando que la protesta superó los límites del derecho a huelga al afectar el tránsito y la actividad comercial.

Aunque el 7 de junio se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas comprometiéndose a no promover acciones contra los participantes del reclamo, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública. Ya en el Juzgado Correccional y de Menores Nº 1, la fiscal María Laura Álvarez propuso otorgar una probation, que finalmente fue rechazada por los acusados.

Con esa negativa, el juicio comienza hoy tal como estaba previsto. Durante el debate volverán a resonar las denuncias y recuerdos de los comerciantes, cuyas vivencias —daños materiales, caída de ventas, tensión y días de paralización— constituyen el corazón del caso que ahora llega a la instancia oral.