El Gobierno confirmó que los cambios no alcanzarán a la Ley de Empleo Público y que el foco estará puesto en la Ley de Contrato de Trabajo. En medio del hermetismo y de los primeros paros sindicales, la Casa Rosada ajusta la “letra chica” del proyecto que enviará al Congreso.
El Gobierno nacional avanza en la redacción final de la reforma laboral que enviará al Congreso en sesiones extraordinarias, con un dato clave que ya genera impacto político y sindical: los cambios no alcanzarán a la Ley de Empleo Público y se concentrarán exclusivamente en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), confirmaron fuentes oficiales.
Según pudo saber TN, la Casa Rosada definió que el proyecto estará orientado a modificar el régimen del empleo privado, con el objetivo de promover registración, disminuir litigiosidad y actualizar convenios colectivos. Funcionarios enfatizaron que no se trata de un blindaje para el sector estatal, sino de una reforma enfocada en una normativa distinta, que regula vínculos y condiciones de trabajo en el ámbito privado.
El anuncio llega después del paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que protestó contra una reforma cuyos detalles aún no fueron difundidos. Ante las críticas del gremio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la medida y remarcó que el texto no alterará la legislación que rige al sector público. “Llaman la atención las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó”, afirmó en conferencia de prensa. “No va a contemplar modificaciones en la Ley de Empleo Público”, sostuvo en alusión al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
En paralelo, el ministro Federico Sturzenegger detalló tres ejes centrales de la modernización laboral: reducción de la industria del juicio, disminución de costos de registración y renegociación de convenios colectivos. Sobre este último punto, subrayó que el país necesita esquemas de discusión acordes a realidades regionales. “En la Argentina se negocia por sector para todo el país, con una negociación centralizada en Buenos Aires. Pero los países tienen diversidad de condiciones”, señaló en LN+.
Mientras tanto, reina el hermetismo en Casa Rosada. Para evitar filtraciones, el Gobierno decidió posponer hasta diciembre la reunión del Consejo de Mayo e interrumpió los encuentros técnicos entre funcionarios y representantes del organismo. El Ejecutivo busca cerrar internamente el texto antes de exponerlo a negociaciones con centrales sindicales, sectores empresariales y legisladores.
Aun así, algunos gobernadores dialoguistas —especialmente los del norte— anticiparon disposición a debatir la reforma y acompañar el proyecto en el Congreso, aunque aclararon que esperan conocer la redacción final para fijar su postura.
Con un escenario sindical en alerta y el oficialismo concentrado en ajustar la arquitectura jurídica del proyecto, la reforma laboral emerge como uno de los principales frentes de disputa política de las próximas semanas.
