El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles ante el Juzgado Federal N.º 11, en los tribunales de Comodoro Py, pero se negó a responder preguntas en el marco de su indagatoria. Solo realizó un breve descargo para defender su inocencia frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Spagnuolo ingresó al edificio poco después del mediodía y se retiró una hora más tarde, solo y sin responder a las consultas de la prensa. También evitó contestar las preguntas de su versión sobre las sospechas de corrupción que pesan sobre él.
Durante la indagatoria, el exfuncionario ofreció una explicación sobre dos puntos considerados clave por los investigadores: los dólares y euros no declarados hallados en una caja de seguridad y las obras en su casa ubicada en el country Altos de Campo Grande, en Pilar.
Respecto de los 82.000 dólares y 2.950 euros encontrados en una sucursal del Banco BBVA, Spagnuolo señaló que “la última vez que entró a la caja de seguridad fue en abril de 2023”, intentando desligar esos fondos de presuntas coimas. Ese dato, remarcaron desde la Justicia, ya estaba consignado en la causa.
Sobre la remodelación de su vivienda en un lote de 860 m², afirmó que solo construyó “una galería”. Sin embargo, la investigación detectó que la obra habría durado siete meses y se habría contratado a empresas de primer nivel, inconsistencias que contradicen su relato.
La estrategia de defensa: audios y silencio
Aunque su abogado, Mauricio D’Alessandro, había anticipado la presentación de un escrito y una pericia cuestionando la autenticidad de los audios que detonaron el caso, finalmente no se presentaron.
De todos modos, D’Alessandro sostuvo: “El informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”, un examen de parte realizado por un perito de matrícula oficial. Spagnuolo, por su parte, eligió no hablar más y mantenerse en silencio durante la indagatoria.
Para el fiscal Picardi, Spagnuolo no era un funcionario más: era el jefe u organizador de una asociación ilícita integrada por Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atachabahian, supuesto operador externo y Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” que impartía órdenes dentro del organismo sin cargo formal.
Los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Según la acusación, Spagnuolo “permitió y consintió” el direccionamiento de contrataciones millonarias de ANDIS hacia cuatro droguerías, mediante compulsas ilegales y con sobreprecios. A cambio, habría recibido coimas, algo que el exfuncionario negó tajantemente.
Reuniones sospechosas y presuntas entregas de dinero
Los registros de ingresos al country muestran que Calvete visitó al exdirector de ANDIS al menos cinco veces entre junio de 2024 y mayo de 2025. En dos ocasiones llegó acompañado por su pareja, Guadalupe Muñoz, y por Sergio Mastropietro, ambos imputados.
Una conversación telefónica de junio de 2025, incorporada al expediente, revela que Calvete le pidió a su pareja que prepare $5.000.000 para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Luego, el empresario detenido contactó a Spagnuolo para coordinar la entrega del dinero “en algún lugar disimulado” o mediante un chofer.
Aunque el viaje finalmente lo hizo Garbellini —no Spagnuolo—, los investigadores consideran este diálogo un indicio relevante en la operatoria de presuntos pagos indebidos.
En agosto de 2025, cámaras de seguridad del domicilio de Calvete registraron a Spagnuolo ingresando con una mochila al hombro, presuntamente para retirar dinero. La defensa cuestiona esta prueba, ya que la Justicia solo posee capturas de pantalla extraídas del celular de Calvete y no los videos completos.
Lo que viene en la causa
Las indagatorias continuarán este jueves con la citación del exfuncionario Daniel Garbellini, acusado de haber actuado como mano derecha de Spagnuolo en el esquema investigado.
La causa avanza con más de una docena de imputados y bajo la sospecha de un entramado que manipuló compras esenciales para personas con discapacidad, desviando fondos públicos a través de contrataciones direccionadas.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024

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