Patricia Bullrich, futura jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, mantuvo su primer encuentro formal con la vicepresidenta Victoria Villarruel para alinear posiciones de cara al tratamiento de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.
Tras la reunión, Bullrich afirmó que la vicepresidenta “se mostró colaborativa” y que hubo acuerdo en avanzar en una coordinación más estrecha para ordenar la agenda del oficialismo en la Cámara Alta. “Necesitamos que la agenda de La Libertad Avanza tenga un espacio preferencial en el Congreso”, sostuvo ante la prensa.
Según trascendió, Bullrich pidió a Villarruel que intervenga para bloquear la intención de Unión por la Patria (UxP) de convocar a una última sesión el miércoles 19 de noviembre. El objetivo del sector que encabeza José Mayans es aprobar un proyecto que modifica la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2006.
“Cuando uno construye una mayoría, el presidente del Senado debe conducir. Prefiero que colabore y nos facilite las cosas”, señaló Bullrich al referirse al rol que espera de Villarruel en el nuevo escenario parlamentario.
La reunión se concretó en el despacho de la senadora por San Luis, Ivanna Arrascaeta, en el edificio anexo del Congreso. Allí, la aún ministra de Seguridad repasó con los senadores libertarios la próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, que comenzará el 10 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de ese mes. También anticipó una segunda etapa de extraordinarias desde el 15 de enero de 2026.
Entre los temas discutidos figuran el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno pretende incentivar la exteriorización de dólares no declarados, sin sanciones penales. El proyecto propone cambios en la Ley Penal Tributaria y en el Procedimiento Fiscal, además de invitar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a regímenes simplificados de control. El oficialismo remarcó que la normativa contra el lavado de activos no será modificada.
