Ecuador enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. Un informe reciente de International Crisis Group (ICG) advierte que el país registró más de 4.500 homicidios en apenas seis meses, marcando el período más violento de su historia reciente. Pese a las políticas de seguridad y los estados de excepción impulsados por el presidente Daniel Noboa, el documento señala que el efecto de las operaciones militares fue apenas “temporal”.
Según el estudio, titulado ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado, la aparente mejora del primer trimestre de 2024 —cuando los homicidios bajaron un 17%— se revirtió rápidamente con una nueva ola de asesinatos, especialmente en la costa del Pacífico. Las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro concentran hoy el 70% de los crímenes, convertidas en escenarios de disputa entre pandillas y carteles internacionales.
El informe describe un cambio estructural en el mapa criminal: Ecuador dejó de ser solo un país de tránsito para convertirse en plataforma de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Los puertos marítimos, la dolarización que facilita el lavado de dinero y la debilidad institucional fueron factores clave para el crecimiento del narcotráfico.
Desde el asesinato de “Rasquiña”, líder de Los Choneros, en 2020, las facciones criminales se enfrentan por el control del territorio. Los Lobos, aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación, se expandieron a siete provincias, mientras que Los Choneros mantienen nexos con el Cártel de Sinaloa. Además, redes balcánicas, especialmente albanesas, operan en el país bajo la fachada del comercio bananero, enviando cargamentos de cocaína hacia Europa.
La crisis carcelaria también continúa: más de 500 personas murieron en masacres penitenciarias desde 2021, y solo en 2024 fueron asesinados 27 funcionarios del sistema penitenciario. El informe revela un entramado de corrupción y extorsión dentro de las prisiones, donde incluso la libertad o la eliminación de antecedentes puede comprarse.
ICG advierte que la militarización ha servido para mostrar poder, pero no para recuperar el control estatal. Las reducciones de violencia son breves, y los índices delictivos vuelven a escalar una vez que se retiran las fuerzas armadas.
La organización propone un cambio de enfoque, con políticas que combinen coerción con reconstrucción institucional: reforma del sistema penitenciario, fortalecimiento policial, control de rutas del narcotráfico y lucha contra la corrupción en puertos, municipios y justicia.
“El país se encuentra ante una disyuntiva crítica: continuar una guerra sin resultados o reconstruir la confianza desde las bases”, concluye el informe. Sin un cambio estructural, advierte Crisis Group, Ecuador podría perder definitivamente su batalla por la seguridad pública.
FUENTE: Infobae.
