El Gobierno nacional elimina el tope anual de aumentos en colegios privados sin subsidio: buscan evitar “saltos bruscos” en las cuotas de marzo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la derogación del Decreto 2417/1993, una medida que, según explicó, “pone fin a los saltos exorbitantes en las cuotas de colegios privados sin aportes estatales que se producían cada marzo”.

El nuevo Decreto 787/24, firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y el propio Sturzenegger, actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin subvención estatal, que representa alrededor del 6% del sistema educativo argentino, con unos 2.000 establecimientos en todo el país.

Según el texto oficial, el esquema anterior funcionaba como “una suerte de ley de alquileres”, ya que obligaba a los colegios a fijar aumentos anuales anticipados, que se mantenían invariables durante los doce meses siguientes. Esa exigencia generaba, según Sturzenegger, “incrementos sobredimensionados al inicio del ciclo lectivo”, porque las instituciones debían prever la inflación y las variaciones económicas de todo el año.

Con la nueva normativa, los colegios podrán realizar ajustes graduales y acordes a la evolución de la economía, evitando así aumentos preventivos y concentrados en marzo. “La medida estabiliza el gasto de las familias en educación y genera un entorno más libre, equilibrado y sustentable para las instituciones”, sostuvo el ministro.

El funcionario explicó además que la decisión busca alinear el régimen de estos colegios con el de las universidades e institutos privados, que nunca tuvieron restricciones similares y operan con actualizaciones flexibles sin afectar a las familias.

“Los propios colegios se angustiaban ante la obligación de aplicar saltos tan grandes en las cuotas. Esta reforma les devuelve previsibilidad y racionalidad”, añadió Sturzenegger, quien agradeció el trabajo conjunto del Ministerio de Capital Humano —en especial a la Secretaría de Educación que encabeza Carlos Torrendell— y de la Secretaría Legal y Técnica que lidera María Ibarzabal.

De esta manera, el Gobierno busca dar un paso más en su política de desregulación, eliminando lo que considera “trabas heredadas” y promoviendo un esquema de precios más flexible dentro del sistema educativo privado.

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