La Cámara Federal de Posadas confirmó la orden de restituir pensiones por invalidez suspendidas por la Nación en Misiones

La Cámara Federal de Posadas confirmó la orden de restituir el pago de cuatro pensiones por invalidez suspendidas por la ANDIS en Misiones. Los jueces Fabián Cardozo, Mario Boldú y Mirta Tyden sostuvieron que la interrupción arbitraria de los haberes afectó derechos fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad.

La Cámara Federal de Posadas confirmó la resolución judicial que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer el pago de cuatro pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en Misiones. El fallo, dictado el 7 de noviembre, ratificó lo dispuesto previamente por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone.

Los jueces Fabián Cardozo, Mario Boldú y Mirta Tyden firmaron la sentencia, donde sostuvieron que la interrupción unilateral de los haberes afectó derechos fundamentales de las personas vulnerables. Por este motivo, la Cámara dispuso mantener los pagos vigentes hasta tanto se resuelva el análisis de fondo de la causa.

El conflicto se originó tras detectarse que los beneficiarios habían sido dados de baja sin mediar notificación previa ni proceso administrativo adecuado. La Justicia calificó esta acción como un acto arbitrario que vulnera derechos constitucionales esenciales, incluyendo el de defensa, la seguridad social y la tutela judicial efectiva.

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En su apelación, la ANDIS cuestionó la competencia del fuero provincial, defendió la validez de sus suspensiones y advirtió que mantener los pagos comprometía el «interés público». La Cámara desestimó de plano esos argumentos. El tribunal recordó que las pensiones por invalidez “constituyen un derecho de seguridad social de raigambre constitucional”, cuya interrupción “podría generar un perjuicio irreparable”, al afectar gravemente el acceso a alimentos, medicamentos y al Programa Incluir Salud.

Desde el ámbito provincial, Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, remarcó la angustia generada por el accionar del organismo nacional. “Esta decisión judicial no es motivo de celebración, porque esas personas atravesaron una situación de enorme angustia al perder un ingreso esencial para su vida cotidiana”, declaró Antúnez. Con este fallo, la Justicia Federal respaldó una vez más el derecho a la seguridad social y a la protección integral de las personas con discapacidad.

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