El gobierno nacional anunció la eliminación de 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el marco de una reforma que redefine su rol y busca desregular la industria del vino en el país. La medida, oficializada a través de la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, apunta a reducir la intervención estatal y simplificar los trámites del sector.
Según la nueva normativa, el INV dejará de supervisar las etapas iniciales de la cadena productiva como la cosecha, la elaboración o el transporte para enfocarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados y garantizar su aptitud para el consumo.
A su vez, los controles de trazabilidad, tales como la certificación de origen, añada y varietal, pasarán a ser opcionales, a criterio de cada productor.
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.
El funcionario calificó la iniciativa como el fin de décadas de “burocracia absurda”. Recordó que “en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Hay registros de empresas que recibían una inspección cada dos días”.
Además, aseguró que el organismo gestionaba trámites innecesarios, como “la determinación anual del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”.
Sturzenegger explicó que el nuevo esquema permitirá “cerrar la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”, dado que “los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar”. En esa línea, destacó que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”.
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El ministro insistió en que la reforma responde a un pedido histórico del sector. “En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar. Y como dice su titular, Carlos Tizio, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, manifestó.
Argentina produce unos 900 millones de litros de vino por año y exporta cerca de 800 millones de dólares anuales, ubicándose como el quinto productor mundial. Sin embargo, el consumo global viene en descenso, y las nuevas tendencias, como el auge de los vinos sin alcohol, plantean desafíos para el sector.
En ese contexto, Sturzenegger sostuvo que “es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.
“La libertad siempre encuentra su camino”, concluyó el ministro, quien agradeció la colaboración de distintas áreas del gobierno y el apoyo del presidente Javier Milei.
El nuevo marco normativo abarcará a productores de uvas, bodegas, fabricantes de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios y operadores enológicos registrados.
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— misionesonline.net (@misionesonline) November 7, 2025
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