Coimas en la Agencia de Discapacidad: Diego Spagnuolo aseguró que los audios son falsos y pidió cerrar la causa 

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó este jueves un pedido formal de nulidad en la causa que investiga un supuesto circuito de sobornos entre el organismo y la droguería Suizo Argentina.

A través de su nuevo abogado, Mauricio D’Alessandro, el ex funcionario negó la autenticidad de los audios que se le atribuyen y se sumó a la estrategia de defensa de los empresarios involucrados, quienes reclaman el cierre de la investigación.

La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, escuchó los argumentos de todas las partes en una audiencia clave para definir el futuro del expediente.

El planteo de nulidad gira en torno a dos ejes: primero, que los audios habrían sido obtenidos de manera ilegal, y segundo, que el caso ya fue investigado anteriormente y archivado por inexistencia de delito.

“Lo que decimos es, en primer lugar, que los audios son falsos”, sostuvo D’Alessandro durante la audiencia en los tribunales de Comodoro Py. “En segundo lugar, que han sido editados. En tercer lugar, que si existiera algo parecido —a los audios que se hicieron públicos— sin inteligencia artificial, está extraído de una supuesta conversación donde no escuchamos al interlocutor”, agregó el defensor.

En caso de que los peritajes confirmen que la voz corresponde a Spagnuolo, la defensa argumenta que las frases habrían sido sacadas de contexto. En esas grabaciones, presuntamente, el ex funcionario involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem en un esquema de sobreprecios y coimas del 3% sobre los contratos de compra de medicamentos.

D’Alessandro también planteó la posibilidad de que los audios fueran producto de espionaje ilegal, hipótesis que se investiga en una causa paralela a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

Por su parte, la defensa de los hermanos Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, insistió en que los hechos ya fueron analizados en una causa previa que concluyó sin imputaciones, por lo que invocaron el principio de “non bis in idem”, que impide juzgar dos veces por el mismo hecho. El abogado Martín Magram calificó la causa como “una expedición de pesca, una caza de brujas” y cuestionó la prolongación del secreto de sumario, que se extendió por cuarta vez y vencerá la próxima semana.
“Cuando se va tornando la causa en una ausencia de referencia fáctica, no sabemos bien cómo movernos. Las garantías se empiezan a mermar y los principios de derecho constitucional no se ponen en práctica”, advirtió Magram.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Franco Picardi, acompañado por su par de Cámara José Luis Agüero Iturbe, defendió la investigación y negó que los audios fueran el punto de partida. “El disparador no fueron los audios cuestionados, sino todo un universo de indicios de corrupción”, explicó.

Picardi recordó que el propio presidente Javier Milei había desplazado a Spagnuolo y al ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, antes de que se iniciara la investigación. “El Poder Ejecutivo toma la decisión de echar a estos funcionarios previo al inicio de la causa. Y entre los fundamentos del decreto, se aclara que, por razones de público conocimiento y para que el Poder Judicial efectúe las investigaciones necesarias, corresponde limitar las designaciones de ambos”, señaló.

El fiscal también citó testimonios clave, entre ellos el del consultor político Fernando Cerimedo, quien declaró que Spagnuolo le había hablado del tema en 2024, y el del periodista Agustín Rodríguez, de Neura, quien contó que el ex funcionario estaba “preocupado” y “molesto con Lule Menem” antes de brindar una entrevista.

“No está claro que Spagnuolo no participe de los actos de corrupción. Cuanto menos tuvo la obligación de denunciarlo”, concluyó Picardi.

El expediente, que permanece bajo secreto de sumario hasta la próxima semana, tuvo como último movimiento una serie de 25 allanamientos en domicilios particulares y dependencias del Estado. Los celulares de varios imputados están bajo análisis judicial, y las defensas reclaman que se periten los archivos de audio entregados por el canal Carnaval para determinar su origen.

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