La jueza federal Loretta Preska dio a la Argentina hasta el 10 de noviembre para presentar el listado de funcionarios y exfuncionarios que entregarán sus chats y correos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Además, amplió el pedido para incluir mensajes en plataformas como WhatsApp, Signal y redes sociales.
La jueza estadounidense Loretta Preska ratificó su orden para que la Argentina entregue los chats y correos electrónicos de varios funcionarios y exfuncionarios nacionales involucrados en la causa YPF, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. La magistrada fijó el 10 de noviembre como fecha límite para que el país presente el listado de quienes colaborarán con la Justicia de Estados Unidos.
Preska también estableció el 21 de noviembre como nuevo plazo para la entrega efectiva de la documentación requerida. La decisión forma parte del proceso de discovery, una etapa en la que los demandantes buscan localizar activos argentinos para ejecutar parte de la sentencia multimillonaria dictada en 2023.
La jueza, conocida por haber condenado a la Argentina a pagar US$16.000 millones a los fondos Petersen y Eton —financiados por Burford Capital—, amplió su pedido de información a las comunicaciones realizadas por WhatsApp, Signal y redes sociales. Según su resolución, el objetivo es determinar el grado de involucramiento de funcionarios en la administración de activos estatales.
En la audiencia celebrada este martes en Nueva York, los abogados argentinos solicitaron una extensión de plazos hasta el 21 de noviembre, alegando la necesidad de tiempo adicional para recopilar información y contactar a 35 funcionarios y exfuncionarios que podrían aportar material relevante.
La defensa del país también advirtió que no puede garantizar que los implicados hayan conservado sus mensajes o correos electrónicos, un punto que despertó tensiones con el tribunal. “No podemos asegurar la existencia de todas las comunicaciones”, sostuvieron fuentes de la representación argentina.
Del otro lado, los demandantes financiados por Burford consideraron que la Argentina está recurriendo a maniobras dilatorias, y pidieron a la jueza Preska que, en caso de incumplimiento de los plazos, declare al país en desacato judicial.
El fondo busca determinar si empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, lo que les permitiría ser objeto de embargos para cobrar parte del fallo.
Durante la audiencia, Preska advirtió que si la Argentina no cumple con la entrega de la información en las fechas estipuladas, podría iniciar un procedimiento adicional —denominado “discovery sobre el discovery”— para investigar las razones del incumplimiento y evaluar sanciones.
La magistrada ya había advertido en ocasiones anteriores que cualquier intento de obstruir la cooperación judicial podría tener consecuencias legales para el país. Por ahora, el foco está puesto en la respuesta argentina, que deberá definir antes del 10 de noviembre qué funcionarios entregarán sus dispositivos y documentación.
El caso YPF continúa siendo una de las disputas judiciales más costosas para la Argentina en tribunales extranjeros, con implicancias financieras y políticas que aún se sienten más de una década después de la expropiación de la petrolera.
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— misionesonline.net (@misionesonline) November 5, 2025
Juicio por YPF: la Argentina aceptó cooperar en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios
