Las autoridades de Río de Janeiro informaron que, de los 99 cadáveres ya identificados tras el operativo policial realizado el martes en los complejos de favelas de Penha y Complexo do Alemão, 78 tenían antecedentes penales graves, incluidos crímenes como asesinato, tráfico de drogas o pertenencia a organización criminal.
La acción, que involucró a más de 2.500 agentes, se convirtió en la más letal de la historia de Brasil, con al menos 121 muertos según las cifras oficiales. De los identificados, además, 42 tenían órdenes de detención vigentes y 39 procedían de otros estados brasileños.
El saldo comprende un número aún mayor de víctimas: hay 18 cuerpos sin identificar según los registros del Instituto Médico Legal (IML). El operativo perseguía desarticular al menos cien órdenes de captura vinculadas al Comando Vermelho (CV), la poderosa facción criminal asentada en Río, aunque sólo se detuvo a un número reducido de sus objetivos previstos.
El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, señaló que los barrios donde ocurrió la intervención “se habían convertido en centros de entrenamiento” del CV y que la operación buscaba frenar la expansión de sus células hacia otras regiones del país.
Sin embargo, la intervención ha generado serias críticas. Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente ante la magnitud de los hechos, la forma de operar de las fuerzas de seguridad y la ausencia de ciertos nombres de víctimas en las denuncias de la Fiscalía.
