El Pentágono anunció el envío del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque al Comando Sur como “refuerzo” para detectar y cortar actividades ilícitas en la región. Analistas advierten que el movimiento —junto a bombardeos contra embarcaciones y maniobras conjuntas con aliados— aumenta la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro y abre la puerta a operaciones aéreas y terrestres más amplias.
En una nueva escalada militar frente a las costas venezolanas, el Pentágono informó este viernes que ordenó el despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford —promocionado por la Marina como “el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo” y primer buque de su clase— hacia el mar Caribe, una medida que intensifica la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El vocero del Pentágono, Sean Parnell, declaró en redes sociales que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el envío del Gerald R. Ford y su grupo de ataque al Comando Sur “para reforzar la capacidad estadounidense de detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”. Parnell agregó que la medida se enmarca “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”.
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En los últimos meses, la administración estadounidense ha llevado a cabo una campaña en el Caribe que, según funcionarios de Washington, apunta a embarcaciones sospechadas de traficar droga; ataques aéreos nocturnos contra buques atribuidos a cárteles habrían dejado decenas de muertos. Hegseth dijo que un ataque nocturno reciente destruyó un barco “operado por un cártel de la droga” y contrabandeaba narcóticos; informó que murieron seis personas y elevó el total conocido a 10 embarcaciones atacadas y 43 muertes desde el inicio de la campaña el mes pasado.
El envío del Gerald R. Ford —que hoy está desplegado en el mar Mediterráneo acompañado por tres destructores— llevará varios días en llegar a aguas sudamericanas, pero constituye, por su capacidad, una escalada clara: un portaaviones permite sostener un ritmo de operaciones aéreas mayor y reduce la distancia de vuelo hacia objetivos en tierra, según la explicación difundida por autoridades militares.
Asimismo, Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago “muy cerca” de Venezuela, con un buque de guerra y un cuerpo de marines; el destructor USS Gravely atracará este domingo en Puerto España, indicó la información oficial.
Ataque terreste o aereo
Funcionarios estadounidenses sostienen que las operaciones buscan destruir redes de contrabando y “contrarrestar el narcoterrorismo”. Pero la combinación de bombardeos contra embarcaciones, patrullajes aéreos frente a la costa venezolana y ahora el envío de un portaaviones alimenta la hipótesis de que la Casa Blanca está dejando abiertas opciones militares más amplias.
“Si bien Estados Unidos ya ha llevado a cabo ataques militares contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe, los bombardeos y vuelos de cazas estadounidenses frente a la costa venezolana, más el envío del portaviones, constituyen provocaciones que bien podrían considerarse ensayos para una misión que ataque objetivos dentro del país. Esto es mucho más probable que una invasión a gran escala, dada la magnitud de las fuerzas navales estadounidenses en la región”, dijo a Clarín John Polga-Hecimovich, profesor de Ciencias Políticas de la Academia Naval de Estados Unidos, experto en América Latina. Polga-Hecimovich advirtió además que “es difícil afirmar con certeza qué está sucediendo exactamente, porque el gobierno de Trump parece estar improvisando gran parte de su planificación sobre la marcha”.
En una línea similar, Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Florida International University, señaló ante Clarín que el movimiento del Gerald R. Ford “puede anticipar que EE.UU. está dejando abierta la opción de acciones militares más amplias hacia Venezuela, o al menos una presión militar significativa al régimen”. Al mismo tiempo precisó que “no parece (por ahora) que haya una confirmación de que una invasión o entrada terrestre masiva sea inminente. Más bien parece una combinación de disuasión, amenaza potencial, acumulación de capacidad y preparación de opciones”.
Retórica beligerante y cuestionamientos legales
La agresiva retórica en Washington acompaña las operaciones. Desde la Casa Blanca el presidente defendió la ofensiva como parte de la lucha contra las drogas: “Bajo la administración Trump, finalmente estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente son”, dijo en un acto, y añadió declaraciones aún más duras que han generado polémica pública: “No creo que necesariamente vayamos a pedir al Congreso una declaración de guerra”, afirmó Trump en un pasaje citado por fuentes oficiales. “Nuestro objetivo es eliminarlos. Simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país. Vamos a matarlos. Van a estar muertos”. También señaló que “La tierra será la siguiente”, sin especificar ubicaciones concretas, y aseguró “Lo verán pronto”.
Esa retórica y la campaña de ataques navales han despertado cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones militares emprendidas sin autorización expresa del Congreso ni, en algunos casos, sin claridad sobre la cadena de mando y las reglas de enfrentamiento. Organismos y expertos en derecho internacional han planteado dudas públicas sobre si los atentados contra embarcaciones y la ampliación de la presencia militar cumplen con estándares legales y de proporcionalidad; la Casa Blanca responde que actúa en defensa de la seguridad nacional y para desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
En el plano político, el gobierno estadounidense ha señalado a Maduro y a su entorno como vinculados al narcotráfico: acusó al presidente venezolano de liderar el denominado “Cártel de los Soles” y afirmó que organizaciones como el Tren de Aragua, declarada terrorista por Washington, operan “directamente bajo el control del régimen venezolano”. En el Capitolio, algunos senadores republicanos presionan por medidas aún más duras; el senador Lindsay Graham sostuvo que “Venezuela es candidata para una acción militar estadounidense” y exhortó a que “ya es hora de que Maduro se vaya”.
Maduro, por su parte, respondió con una demostración de fuerza: ordenó ejercicios defensivos y el despliegue de tropas en la costa, en lo que describió como preparativos ante lo que consideró una amenaza externa.
Doble lectura: seguridad o presión política
Más allá de los argumentos oficiales sobre lucha antidrogas, el despliegue naval y los ataques a embarcaciones funcionan también como una herramienta de presión política hacia el régimen venezolano —que enfrenta cargos penales en Estados Unidos y tiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro—, según analistas consultados.
La acumulación de fuerzas plantea además riesgos de escalada: maniobras militares, interceptaciones y errores de cálculo en una zona con tráfico marítimo y poblaciones costeras pueden provocar incidentes de consecuencias impredecibles. Expertos advierten que la actual combinación de operaciones aéreas, náuticas y verbales exige una definición clara de objetivos, límites y marco legal; de lo contrario, la región podría entrar en una espiral de tensión con impacto humanitario y diplomático.
Mientras el USS Gerald R. Ford avanza hacia el Caribe, la comunidad internacional y actores regionales siguen atentos. La incógnita principal es si Washington limitará su estrategia a operaciones navales y de presión o si, en palabras de algunos funcionarios, pasará a una fase con objetivos terrestres más definidos. Lo único cierto por ahora es que la presencia del portaaviones eleva la apuesta y reduce el margen de maniobra para soluciones políticas en un conflicto que combina crimen transnacional, disputa geopolítica y una crisis política interna en Venezuela.
Fuente: Clarín
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