La magistrada de Bella Vista consideró que la entidad incumplió su deber de garantizar la seguridad del sistema online y fijó una indemnización histórica por daños, pérdida de chance y sanción punitiva.
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista dictó un fallo ejemplar en materia de fraudes electrónicos, al condenar al Banco Galicia (Sucursal Goya) a indemnizar con más de $63 millones a una empresa productora de arándanos que fue víctima de una estafa virtual en diciembre de 2022.
El caso: una transferencia millonaria no autorizada
El hecho se remonta al 2 de diciembre de 2022, cuando desde la cuenta corriente de la firma, radicada en Bella Vista, se efectuaron diez transferencias no autorizadas a cuentas de terceros, por un monto total de $9.997.933,70.
El representante de la empresa detectó los movimientos minutos después y radicó la denuncia policial, además de presentar reclamos ante el banco. Sin embargo, la entidad no logró revertir las operaciones ni ofrecer una respuesta satisfactoria a su cliente.
Las pericias informática y contable ordenadas por la Justicia confirmaron que se trató de una maniobra de phishing, ejecutada desde otra localidad y sin que el sistema bancario activara alertas de seguridad frente a operaciones sospechosas.
Los fundamentos: “La responsabilidad del banco es innegable”
En su resolución, la jueza sostuvo que la apariencia de confiabilidad de los sistemas de banca online obliga a las entidades financieras a garantizar su seguridad y a responder frente a las fallas que permitan fraudes o accesos indebidos.
“A la luz de la normativa consumeril vigente, la responsabilidad del Banco ante las estafas electrónicas bancarias es innegable”, afirmó la magistrada.
Asimismo, recordó que las normativas del Banco Central exigen a las entidades “tomar medidas adecuadas para evitar daños o el agravamiento de los mismos”, y enfatizó que no pueden deslindar su responsabilidad alegando culpa del usuario.
La jueza también subrayó que la actividad bancaria es riesgosa por naturaleza, y que debe contar con mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones. Para ello citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y de la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá, en línea con los criterios de protección al consumidor financiero.
La condena: restitución, indemnización y sanción ejemplar
El fallo, dictado el 23 de septiembre de 2025, ordena al Banco Galicia a:
Restituir los $9.997.933,70 transferidos ilegalmente.
Pagar $749.000 en concepto de daño emergente (gastos judiciales y periciales).
Abonar $17.440.728,72 por pérdida de chance, correspondiente al rendimiento que la empresa habría obtenido mediante inversiones a plazo fijo.
Incorporar $35.234.578 en concepto de daño punitivo, como sanción ejemplar ante la inacción del banco.
En total, los montos ascienden a $63.422.240,40, a los que se sumarán intereses a la tasa activa del Banco Nación hasta el pago efectivo.
Un precedente en la lucha contra las estafas electrónicas
La sentencia constituye un precedente relevante en la provincia de Corrientes, al reafirmar la responsabilidad objetiva de las entidades financieras frente a los fraudes virtuales que afecten a consumidores o empresas.
La jueza concluyó que la banca digital exige estándares de seguridad proporcionales a los riesgos del sistema, y que las entidades deben actuar con prevención, alerta y respuesta inmediata ante posibles ataques.
“No basta con ofrecer plataformas digitales: deben ser seguras y confiables”, advirtió en su resolución.
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