Polémica en la Estudiantina de Posadas: la Industrial denuncia “sanciones injustificadas” y pide la revisión de todas las medidas disciplinarias

El colegio técnico presentó un descargo formal y una nota al ministro Ramiro Aranda, denunciando irregularidades en la aplicación de sanciones por parte de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES). Sostienen que se mencionó un sumario judicial inexistente y que la medida altera los resultados de la competencia.

La Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 1 de Posadas (EPET N.º 1) denunció  una serie de irregularidades y sanciones arbitrarias en el marco de la Estudiantina 2025, solicitando la intervención directa del Ministerio de Educación de Misiones.

Según detallaron autoridades del establecimiento, la Comisión Fiscalizadora de APES aplicó una penalización del 10% en todos los rubros de competencia, argumentando supuestas amenazas de estudiantes de la institución hacia alumnos de otros colegios. Desde la EPET N.º 1 aseguran que la acusación carece de pruebas concretas y que el procedimiento se basó en un acta irregular.

El acta cuestiona un “sumario judicial inexistente”

El conflicto se originó con la Acta de Infracción N.º 00000158, labrada durante la segunda prueba piloto del desfile, en la que se menciona un supuesto “Sumario Judicial N.º 255/25 del Juzgado de Instrucción N.º 7”.

Sin embargo, el descargo presentado el 26 de septiembre por el profesor Ricardo Robledo, asesor institucional del colegio, sostiene que tal expediente no existe.

La tercera jornada de la Estudiantina posadeña 2025 reunió a estudiantes y familias en una noche colmada de música, color y alegríahttps://t.co/cWh7o00K0e

— misionesonline.net (@misionesonline) October 10, 2025

“Las autoridades del colegio se presentaron en los Juzgados y Comisarías correspondientes y constataron que no hay registro de ningún sumario con ese número ni vinculado a la Estudiantina 2025”, expresa el documento.

El escrito también advierte que el acta no cumple con los requisitos formales previstos en el reglamento, ya que no detalla los hechos ni identifica testigos. “En ausencia de tales datos, el acta carece de validez formal y sustancial, al impedir el ejercicio pleno del derecho de defensa”, señala el descargo.

Además, denuncia que incluir información falsa en un instrumento oficial podría configurar falsedad ideológica en instrumento público, delito contemplado en los artículos 293 y 294 del Código Penal.

Pedido formal al ministro Aranda

Ante la falta de respuesta por parte de APES y de la Comisión Fiscalizadora, la EPET N.º 1 presentó una nota formal al Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Prof. Ramiro Aranda, fechada el 20 de octubre de 2025, solicitando una intervención administrativa inmediata.

En la presentación, el establecimiento solicita:

1. La revisión de todas las actuaciones disciplinarias vinculadas al Acta N.º 158.
2. La entrega del expediente completo y constancia del supuesto sumario judicial.
3. La restitución de los puntajes descontados en el escrutinio de Reyes Departamentales.
4. Una auditoría ministerial sobre los procesos de fiscalización y puntuación.
5. El resguardo de la documentación probatoria, incluyendo planillas, actas y registros audiovisuales.

La nota también cuestiona la participación de funcionarias de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Políticas Estudiantiles del Ministerio, quienes —según la EPET N.º 1— habrían intervenido en asambleas de APES afirmando que el Reglamento Interno de la Comisión Fiscalizadora “quedaba sin efecto”, sin una resolución oficial que lo respalde.

“Esta afirmación constituye un acto de gravedad institucional que desconoce la jerarquía normativa y excede las competencias asignadas”, señala el escrito elevado al ministro.

Impacto en la competencia y pedido de transparencia

La sanción aplicada tuvo un impacto directo en la instancia final de la Estudiantina, ya que el representante de la EPET N.º 1 —nominado a Rey de la Elegancia— perdió la posibilidad de acceder al título debido al descuento de puntos, según afirman desde ese establecimiento educativo.

En ese sentido, insisten en que la medida “se basó en un hecho inexistente” y reclaman que se garantice la transparencia y la igualdad de condiciones para todas las escuelas participantes.

“De mantenerse las decisiones arbitrarias adoptadas, esta institución se reserva el derecho de promover las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes”, concluye la nota dirigida al ministro Aranda.

Hasta el momento, APES no emitió una respuesta oficial sobre los reclamos ni sobre el pedido de revisión.