El presidente Javier Milei firmó la autorización ejecutiva para extraditar al empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, luego de que la Corte Suprema habilitara el pedido de la justicia norteamericana. Machado admitió haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
El Gobierno nacional confirmó este martes que autorizó la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara por unanimidad el pedido formulado por la justicia del Distrito Este de Texas, donde el empresario argentino enfrenta cinco cargos federales por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
La decisión fue comunicada oficialmente a través de un comunicado de Casa Rosada, en el que se informó que el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete para “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.
“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, expresó el comunicado oficial.
Con la firma presidencial, el Gobierno cerró un proceso que se había extendido por más de cuatro años, desde que el empresario fue detenido en Neuquén en abril de 2021 por un pedido de captura internacional emitido por Interpol.
Un caso con implicancias políticas
La extradición de Machado no solo responde a un requerimiento judicial internacional, sino que también tiene derivaciones políticas: el empresario admitió haber financiado con más de USD 200.000 la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, además de haberle facilitado aviones privados y logística durante ese período.
El vínculo entre ambos derivó en una denuncia por presunto lavado de dinero presentada por Juan Grabois, que dio origen a una causa paralela en la Fiscalía Federal de San Isidro. El escándalo llevó a Espert a renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y a retirar su candidatura legislativa dentro de La Libertad Avanza, en medio de la presión de sus propios aliados.
Machado, por su parte, está acusado por la justicia estadounidense de haber lavado más de USD 550 millones provenientes del tráfico de cocaína, mediante su empresa South Aviation Inc., que registraba aeronaves en la Administración Federal de Aviación (FAA) para luego venderlas a organizaciones criminales en Colombia, México, Guatemala y España, entre otros países.
De la Corte Suprema al decreto presidencial
El fallo de la Corte Suprema, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, había dejado la decisión final en manos del Poder Ejecutivo, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley 24.767. La Corte sostuvo que el pedido cumplía con los requisitos de los tratados internacionales de cooperación judicial, y coincidió con el dictamen del Procurador General interino, que había aconsejado la extradición.
El Gobierno resolvió avanzar con la medida pocas horas después del fallo, confirmando la extradición “para que el empresario sea sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021”.
Machado será ahora trasladado a Texas para comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito Este, donde ya fueron condenadas Debra Mercer-Erwin y Kayleigh Moffet, sus exsocias en el entramado financiero utilizado para canalizar fondos ilícitos.
Con la decisión de Milei, el Gobierno busca ratificar su alineamiento con los compromisos internacionales en materia de seguridad y cooperación judicial, en un caso que mezcla narcotráfico, corrupción empresarial y vínculos políticos, y que se convirtió en una de las noticias judiciales más resonantes del año.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 7, 2025
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