El estudio de la ACIJ muestra que entre 2011 y 2024 se dictaron 344 DNU, uno cada tres leyes sancionadas. Desde Cristina Kirchner hasta Javier Milei, todos los gobiernos usaron la herramienta excepcional como vía ordinaria, con escaso control legislativo y fundamentos insuficientes.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que la utilización de decretos de necesidad y urgencia se volvió una herramienta ordinaria en la gestión de los últimos cuatro gobiernos. El estudio revela que, en promedio, por cada tres leyes sancionadas hubo un DNU.
La investigación elaborada por la ACIJ y publicada en septiembre de 2025 bajo el título “De la excepción a la regla. Un análisis de los decretos de necesidad y urgencia dictados entre 2011 y 2024” pone cifras y argumentos a un diagnóstico extendido: los distintos gobiernos, sin importar su signo político, convirtieron una facultad excepcional del Poder Ejecutivo en una práctica rutinaria.
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El informe —basado en un relevamiento de 344 decretos emitidos durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei— muestra que la herramienta, prevista en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, dejó de ser una respuesta a circunstancias extraordinarias para transformarse en un mecanismo de gobierno. En el mismo período se sancionaron 1.058 leyes; es decir, cada tres leyes hubo un DNU.
Según el trabajo dirigido por Patricio Méndez Montenegro, la continuidad más visible entre administraciones es la ausencia de una cultura de la justificación. La mayoría de los decretos analizados no acredita de manera suficiente las razones de “necesidad” y “urgencia” exigidas por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Los considerandos suelen limitarse a repasar antecedentes normativos y enunciar un estado genérico de emergencia, sin explicar por qué se elude el debate parlamentario.
En ese sentido, el informe advierte que la excepcionalidad dejó de ser la regla. Cristina Fernández de Kirchner dictó 47 DNU; Mauricio Macri, 70; Alberto Fernández, 177; y Javier Milei, 50 en su primer año de mandato. Pese a la alternancia política y a las distintas correlaciones de fuerzas en el Congreso, el patrón se mantuvo: los DNU se usaron tanto para decisiones de emergencia como para medidas administrativas, presupuestarias o de política pública de largo plazo.
Gobierno de Cristina Kirchner
Durante su segundo mandato (2011-2015), la expresidenta utilizó los DNU para crear programas sociales de alto impacto —como Progresar y Procrear— y para ejecutar estatizaciones como las de YPF, Belgrano Cargas y Ciccone.
Aunque contaba con mayorías legislativas amplias, buena parte de esas decisiones se adoptaron por decreto. El estudio subraya que esta modalidad contribuyó al crecimiento del gasto público y a la creación de fondos fiduciarios con escasa transparencia y control parlamentario.
Macri como presidente
El gobierno de Mauricio Macri mostró, según ACIJ, algunos intentos de justificar los decretos, aunque sin cumplir los estándares fijados por la Corte. Entre los más relevantes figuran el DNU 257/2015, que postergó la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y el DNU 62/2019, que creó el régimen de extinción de dominio.
También recurrió a esta vía para ampliar programas sociales y para tomar medidas controvertidas —como el traspaso del control de escuchas judiciales o la reestructuración del gabinete— que evitaban el debate legislativo.
Alberto Fernández y la pandemia
El estudio señala que el mayor volumen de DNU se registró durante la gestión de Alberto Fernández, en buena medida por las medidas adoptadas frente a la pandemia de COVID-19. El DNU 260/2020, que declaró la emergencia sanitaria, y sus sucesivas prórrogas, marcaron un punto de inflexión.
Sin embargo, ACIJ observa que incluso en esos casos “la fundamentación fue deficiente” y que muchas de las decisiones que se mantuvieron tras la emergencia sanitaria continuaron adoptándose por vía excepcional.
Milei y el salto cualitativo del DNU
El decreto 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, ocupa un capítulo aparte. Su contenido —que modifica o deroga más de 300 leyes y regula amplios aspectos económicos, laborales y civiles— constituye, según el informe, “una ruptura en la práctica institucional argentina”.
ACIJ remarca que se trata del DNU más extenso y ambicioso desde la reforma constitucional de 1994, y advierte que su alcance sistémico “redefine el equilibrio de poderes” entre el Ejecutivo y el Congreso.
El rol del Congreso
El documento también analiza el rol del Congreso Nacional en el control de los DNU. Pese a la creación de la Comisión Bicameral Permanente prevista por la Ley 26.122, los resultados son pobres: la mayoría de los decretos nunca llegó a ser tratada en el plenario de ambas Cámaras, y en muchos casos el silencio legislativo operó como una aprobación tácita. “Esta inacción erosiona el principio republicano y consolida un esquema de hiperpresidencialismo que atraviesa a todas las fuerzas políticas”, concluye el informe.
Informe completo
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