La apelación presentada por Argentina argumenta la falta de autoridad de la justicia estadounidense para ordenar la repatriación de activos soberanos y la incorrecta aplicación de la ley de Nueva York. Además, Estados Unidos actúa como amicus curiae, señalando posibles impactos en las relaciones exteriores.
Argentina ha comenzado el proceso de apelación contra el fallo que le obliga a pagar con acciones de YPF una compensación de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera. La apelación, presentada ante la Cámara de Apelaciones, se basa en cuatro argumentos clave, según el especialista Sebastián Maril. Argentina argumenta que la justicia estadounidense no tiene autoridad para exigir la repatriación de activos de un país soberano. Además, sostiene que la jueza Loretta Preska aplicó incorrectamente la Ley del Estado de Nueva York sobre activos ubicados en el exterior. También invoca la Ley de Inmunidad Soberana para proteger los activos de YPF y apela a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina para evitar consecuencias adversas.
En este caso, el gobierno de Estados Unidos se ha presentado como amicus curiae de Argentina. Argumenta que la orden de transferir acciones de YPF podría violar los límites legales para ejecutar bienes de estados extranjeros, establecidos por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA). También advierte sobre posibles consecuencias negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y el trato recíproco de sus bienes por cortes extranjeras.
De acuerdo con la presentación, cumplir con la orden antes de que se resuelva la apelación podría causar un daño irreparable a Argentina. Si el país entrega las acciones de YPF y luego obtiene un fallo favorable en la apelación, podría perder la posibilidad de recuperarlas. Se estima que la definición de este proceso podría darse en el primer trimestre de 2026.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
