Aldo Pérez, Radio República
Aldo Pérez, uno de los padres denunciantes, relató que el viernes por la tarde radicaron las primeras tres denuncias y reclamó allanamientos urgentes sobre dispositivos electrónicos. Señaló que en junio ya se había advertido a la escuela y cuestionó la respuesta institucional.
Aldo Pérez, padre de una alumna de séptimo grado de la Escuela Nº 617 de El Soberbio, contó en una entrevista cómo se activó la cadena de denuncias contra el docente de 29 años, hoy separado preventivamente del cargo, tras acusaciones de haber llevado a estudiantes a la sala de informática y tomarles fotografías. El caso derivó en la intervención del establecimiento y en la separación del maestro denunciado y de parte del equipo directivo y docente, mientras la Justicia avanza con la investigación.
Pérez reconstruyó el momento en que, el viernes por la tarde, una madre llegó a su casa “desesperada” y con un dato que encendió las alarmas: “Había ocurrido una vez más”. Según su relato, esa madre habría detectado “hacia el 13 de junio” un cambio en el comportamiento de su hija y, tras hablar con ella, supo que “el maestro le había llevado a un aula a ella sola… le pedía que se saque parte de la ropa… tomarle fotografías de los pies y también que haga ojos blancos y que ponga cara de muerto”.
“Nosotros entendimos la gravedad de esto. Ya estábamos cuatro y media, cinco, constituidos en la comisaría, radicando la denuncia. Las primeras tres denuncias ingresaron el viernes”, afirmó. Dijo que actuaron “con sigilo” porque consideraban “imperante” asegurar “acceder a los dispositivos móviles, o a las computadoras, o a los pendrives, o a los discos rígidos”.
Con el correr de las horas, el caso escaló. “Para la noche éramos un grupito de padres, pero el número de denuncias se mantuvo en tres. Cuando comenzamos a hablar con otros padres, nos dimos cuenta de que esto era mucho más grande… El día sábado, cuando veíamos que no había respuesta… salió el video, que se vino viralizando, y a partir de ese video muchísimos padres se acercaron… después de la marcha, yo creo que ya superábamos las 15 denuncias”, sostuvo, y añadió que hay familias que “prefieren el negacionismo”.
Pérez cuestionó la reacción de la escuela y la supervisión. “Lento, todo muy lento, una falta de preparación absoluta”, describió. Aseguró que el lunes “estuvo el supervisor” en la localidad, pero que “no se juntó con nosotros” pese a los llamados: “No nos dio ninguna respuesta, no mostró la cara en ningún momento”, dijo. También señaló que el martes por la tarde se reunió con la comunidad la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, y que allí se comunicaron separaciones preventivas de la directora, la vicedirectora, una maestra y el profesor de informática, además del docente denunciado.
El padre insistió en que, para el grupo denunciante, las medidas administrativas no alcanzan: “Nosotros el viernes queríamos que esté preso… El objetivo principal era un allanamiento en la casa de este hombre, cosa que no ocurrió, no solamente el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes… Hoy es miércoles y no hay allanamiento en ningún lado”. Y remarcó: “La única medida es que en vez de estar al frente de los alumnos ahora, él está haciendo una planilla en otro lado”.
En su testimonio, Pérez afirmó que en junio una madre habría avisado a “la docente de séptimo grado” sobre lo que, según las denuncias, ocurría con el docente de otro curso, y que “no se abrió ningún proceso interno”. “La respuesta… fue insultante… ‘él les va a pedir disculpas’… ‘entiéndanlo bien, tiene gustos raros’”, expresó, refiriéndose a lo que habrían recibido como contestación.
Pérez subrayó la dimensión comunitaria del caso y el impacto en las familias: “Yo grito mucho, me pongo muy nervioso, las verdades me salen con volumen alto… estoy un poco cansado, a veces no puedo dormir”. Agradeció el acompañamiento social en la marcha y la atención policial en la Comisaría de la Mujer: “Fuimos realmente muy bien atendidos… recibimos mucha colaboración”.
Sobre la cobertura mediática, planteó que al inicio “mucha gente de la prensa no nos daba ni cinco de bola”, aunque destacó a profesionales y organizaciones que se acercaron a colaborar. También mencionó —como información “extraoficial”— que el docente denunciado habría contratado un estudio jurídico reconocido en la región para su defensa.
Finalmente, pidió celeridad judicial y claridad institucional: “Queremos que se estudie qué se hizo con las imágenes… que actúe otra jurisdicción si hace falta… Nosotros no tenemos ninguna duda de que el camino que tomamos fue el adecuado, no solo por nuestra hija, sino para que otro niño no pase por lo mismo”.
