Familias de la Escuela de Frontera N° 617 presentaron denuncias ante la Justicia por presuntos hechos de abuso sexual y encubrimiento. Reclaman medidas urgentes para resguardar a los alumnos mientras continúa la causa penal.
La comunidad educativa de la Escuela de Frontera N° 617, en la localidad misionera de El Soberbio, quedó en estado de alerta tras la presentación de múltiples denuncias por presuntos abusos cometidos contra alumnas de séptimo grado. El caso, que ya cuenta con la intervención del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, investiga la conducta de un maestro y la presunta omisión de otros docentes.
Según el escrito entregado al supervisor escolar Alfredo Antúnez, padres y madres señalaron a Emiliano Emanuel F., maestro de 7° A y B, como autor de acoso, hostigamiento y toma de fotografías de contenido sexual. En la misma presentación se acusó a la docente Noelia T. de no haber informado la situación a las autoridades pese a conocerla desde junio, y al profesor de informática José D. de permitir que el acusado se llevara a alumnas al laboratorio, donde habrían ocurrido los hechos.
Los denunciantes pidieron la separación inmediata de los docentes implicados mientras dure la investigación, invocando la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) y tratados internacionales.
Padres y madres relataron que las menores eran llevadas solas a la sala de informática o al laboratorio, donde el maestro les exigía quitarse parte de la ropa y posar para fotografías. “El viernes pasado una compañera llegó llorando y le contó a su mamá que el maestro las encerraba para tomarles fotos. Ese mismo día se radicaron tres denuncias y para el domingo ya eran ocho”, afirmó Aldo Pérez, padre de una alumna.
De acuerdo con los testimonios, las víctimas desarrollaron entre ellas un sistema de alerta para interrumpir las situaciones de encierro. “Tenían un protocolo para rescatar a la amiga que quedaba adentro con el maestro”, agregó Pérez.
La causa penal avanza con la toma de declaraciones y pericias mientras la comunidad escolar exige respuestas. Los padres piden que se garantice el derecho a la educación en un entorno seguro y que se determine la responsabilidad no solo del maestro señalado, sino también de quienes, según sostienen, omitieron actuar a tiempo.
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