En medio de la recesión económica, el organismo fiscal ARCA inició demandas judiciales y embargos contra pymes con apenas 15 días de mora. La medida generó preocupación en el sector por el endurecimiento de la presión tributaria en un contexto crítico.
En un contexto de fuerte recesión económica, el accionar de ARCA (la Agencia de Recaudación del Gobierno Nacional) está generando un fuerte malestar en el sector empresario, especialmente en las Pequeñas y Medianas empresas. Según explican referentes de cámaras empresarias y estudios contables, el organismo recaudador del Gobierno Nacional está iniciando demandas judiciales contra las Pymes a tan solo 15 días de vencidos los plazos del pago de los impuestos.
La medida es considerada insólita no solo por la rapidez con que se dispara el proceso judicial, sino también porque implica una presión fiscal extrema en un momento en el que miles de pymes y comercios luchan por sostener su actividad y mantener el empleo.
La voracidad recaudatoria del ARCA, avalada por el Gobierno Nacional, afecta de manera especial a las pequeñas y medianas empresas y a los comercios, que son los más expuestos a problemas de liquidez y a los vaivenes de la economía.
Los efectos no se limitan a la obligación tributaria: al iniciarse la demanda judicial, se suman honorarios profesionales para abogados del ARCA e intereses punitorios, lo que eleva considerablemente la deuda inicial y complica aún más la situación financiera de las empresas.
Desde distintas entidades advierten que este mecanismo puede tener un efecto devastador en el entramado productivo: “Estamos frente a un esquema que castiga la mínima demora, sin contemplar el contexto económico ni la realidad de las pymes. En lugar de alentar la producción, se genera una espiral de deuda y litigios”, expresó un referente del sector.
La preocupación se extiende por todo el país, donde cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y comercios se ven expuestos a este mecanismo de cobro acelerado, que amenaza con provocar cierres, pérdida de empleos y mayor parálisis en la actividad económica.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional sostiene la política recaudatoria como eje central de su estrategia fiscal, aunque los cuestionamientos crecen día a día en torno a las consecuencias de llevar la presión tributaria al límite en plena recesión.
Las Pymes consultadas advierten además que “una vez notificada la demanda el contribuyente tiene 5 días hábiles para formalizar las obligaciones reclamadas, mediante pago directo o realizando un plan de pagos (que no siempre es posible porque hay determinadas deudas que no pueden ser incluidas en planes). Vencido el plazo mencionado de 5 días hábiles y no habiendo cumplido con lo reclamado se operativiza el embargo de fondos en las cuentas bancarias y virtuales del contribuyente, afectando fuertemente la capacidad operativa en las transacciones corrientes”.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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