La Justicia confirmó que Diego Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de entregarlo

Según determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), “se había logrado hacer una extracción de información del teléfono celular secuestrado ‘en caliente’ en poder de Diego Orlando Spagnuolo”. Sin embargo, advirtieron que “la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43“.

Al día siguiente, el 22 de agosto, se realizaron distintos allanamientos, entre ellos el domicilio de Spagnuolo. Durante el período de reserva del expediente, la Justicia avanzó con secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y la recolección de testimonios clave.

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2.000 euros, pese a que el exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir el cargo. Su declaración jurada de egreso, al 15 de septiembre, todavía no ha sido presentada.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso recientemente el levantamiento del secreto de sumario, permitiendo a las partes acceder al contenido completo de la investigación y al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra. Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de la evidencia, con el foco inmediato en las contrataciones entre ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. La firma concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones durante la gestión de Spagnuolo.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos, mientras avanza una auditoría interna del Gobierno nacional. Alejandro Vilches, nuevo interventor de ANDIS, espera contar con un informe preliminar en octubre. La intervención fue formalizada mediante el decreto 601/2025 y tendrá una duración de 180 días. Además, esta semana se oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.