El Senado rechazó el veto presidencial a una reforma que busca quitarle al Poder Ejecutivo el control discrecional sobre los Aportes del Tesoro Nacional. La ley, impulsada por gobernadores, propone convertir este fondo en parte del reparto automático de la coparticipación, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, equidad y autonomía provincial.
En una decisión que puede reconfigurar el mapa fiscal argentino, el Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa impulsada por gobernadores de distintas provincias que busca limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la asignación de estos fondos.
Actualmente, el fondo de ATN representa el 1% del total de impuestos coparticipables, extraído antes de la distribución automática entre las provincias, y su administración está completamente en manos del Poder Ejecutivo nacional, que históricamente delegó esta tarea al Ministerio del Interior.
Aunque fueron concebidos como un mecanismo de emergencia para atender desequilibrios financieros provinciales, la falta de criterios objetivos convirtió a los ATN en una herramienta de fuerte contenido político.
La norma aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei propone incorporar el ATN al sistema de reparto automático previsto en la Ley de Coparticipación Federal. En concreto, plantea su inclusión en la Ley 11.672, lo que garantizaría la remisión diaria y automática de los fondos, ajustándose a los coeficientes ya establecidos para el resto de los recursos coparticipables.
Este cambio apunta a despolitizar el uso del ATN, eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo y fortaleciendo la autonomía provincial. Gobernadores de distintos signos políticos han denunciado que el reparto actual favorece a provincias alineadas con el gobierno central, y que en algunos casos se utiliza como mecanismo de presión.
Quienes defienden el modelo vigente argumentan que la flexibilidad del ATN es clave para responder rápidamente a emergencias imprevistas, y que su uso no es arbitrario sino parte de una lógica federal. En cambio, los promotores de la reforma sostienen que la ausencia de reglas claras debilita el federalismo y fomenta prácticas clientelares.
Según cifras oficiales, en lo que va de 2025 las transferencias por ATN crecieron un 70% respecto al total de 2024, reflejando su peso en un contexto de restricciones fiscales y crisis provincial. Este aumento, sin embargo, también intensificó el debate sobre la transparencia y equidad en su asignación.
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