El proyecto de Presupuesto Nacional 2026, presentado por el presidente Javier Milei, incluye una reducción significativa en los fondos destinados al pago de sentencias firmes a jubilados. La partida asignada para este concepto disminuye de $390.050 millones a $212.288 millones, lo que representa una baja del 45,5% en términos nominales y un ajuste real de casi el 60% considerando la inflación proyectada.
Esta disminución se produce en un contexto de creciente litigiosidad previsional. Actualmente, existen aproximadamente 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 ya cuentan con sentencia firme. Con los fondos asignados en el presupuesto, se estima que se podrán saldar entre 35.000 y 40.000 sentencias anuales, lo que deja un saldo de alrededor de 50.000 fallos pendientes cada año.
Además, el gobierno ha decidido separar el pago mensual de los haberes del pago de retroactivos, priorizando los casos más antiguos. Sin embargo, no se ha establecido una fecha concreta para la cancelación de estas deudas, lo que prolonga la incertidumbre para miles de jubilados. Esta situación se ve agravada por la falta de compensaciones para quienes han sufrido pérdida del poder adquisitivo debido a la demora en los pagos.
En contraste, el presupuesto contempla un aumento global del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, condicionado por la proyección de una menor inflación. Sin embargo, este incremento no se traduce necesariamente en una mejora inmediata en los haberes individuales, ya que los ajustes se realizan en función de la inflación pasada y no de manera automática.
Esta política ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los jubilados, que advierten sobre el riesgo de que miles de personas no reciban los pagos que les corresponden por derecho. La falta de recursos suficientes para saldar las sentencias firmes podría perpetuar la injusticia que enfrentan muchos jubilados que han recurrido a la justicia para obtener una reparación. Con información de Clarín.
