El Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad tras rechazar el veto de Javier Milei. Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, afirmó que la norma es “un alivio” para las familias, aunque advirtió que persiste la incertidumbre.
El Senado de la Nación rechazó el veto presidencial y convirtió en ley la emergencia en discapacidad. La norma obliga al Estado nacional a garantizar la continuidad de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y la cobertura de tratamientos y programas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde Misiones, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, valoró la medida como un respiro para las familias tras semanas de tensión por las auditorías cuestionadas en la provincia. “En principio es un alivio para todos porque de alguna manera obliga al Gobierno nacional a hacerse responsable de todas las pensiones, de los tratamientos, de los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad y de garantizar el financiamiento”, señaló.
Un contexto de incertidumbre
Antúnez explicó que la sanción de la ley llega después de meses de incertidumbre: “Hoy las familias viven preocupación y angustia, no saben qué hacer. Esta ley viene a dar un respaldo y un alivio porque asegura que el Gobierno nacional se haga cargo de sus responsabilidades, que son indelegables a las provincias”.
No obstante, advirtió que aún no hay certezas sobre los plazos de aplicación, porque el Gobierno nacional analiza incluso acudir a la Corte Suprema.
La funcionaria cuestionó la modalidad de las auditorías que se realizaron en Misiones bajo la órbita del PAMI: “No se garantizó la presencia de profesionales idóneos ni espacios adecuados. Personas con movilidad reducida fueron convocadas en lugares sin accesibilidad. Esto demuestra la falta de organización y la desprotección con la que se trató a las familias”.
Amparo judicial de Misiones
Frente a las irregularidades y a la suspensión de pensiones, el Gobierno provincial presentó un amparo ante la Justicia Federal. “Pedimos que se garantice la continuidad de las prestaciones, que se restituyan las pensiones suspendidas y que se incluya la devolución retroactiva, porque ese dinero es de la gente y de los que más lo necesitan”, indicó Antúnez.
Según datos oficiales, en Misiones existen cerca de 70.000 pensiones por discapacidad, de las cuales miles resultaron afectadas por las suspensiones. “Estamos hablando de menos del 6% de la población provincial. No es cierto que se regalen pensiones. Hoy son de 200 mil pesos, no garantizan una buena calidad de vida pero sí condiciones básicas y, sobre todo, acceso a medicación de alto costo que ninguna familia podría pagar”, subrayó.
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