Salta decidió replicar la acción judicial de Misiones y presentará un amparo ante la Corte Suprema para restituir de inmediato las pensiones suspendidas por Nación. El reclamo también incluye la devolución de fondos retenidos y la realización de auditorías transparentes.
La provincia acudirá a la Corte Suprema en las próximas 48 horas.
Reclama la devolución de los fondos retenidos por Nación.
Pide auditorías “serias y transparentes” antes de suspender beneficios.
Sáenz advirtió que “no pueden pagar justos por pecadores”.
Familias y organizaciones denuncian vulneración de derechos básicos.
Al igual que Misiones, la provincia de Salta acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios sociales que fueron suspendidos por el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida judicial, que se presentará en las próximas 48 horas, también busca que se devuelvan los montos retenidos y que se dispongan auditorías bajo supervisión judicial.
El gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que la decisión responde a la necesidad de garantizar derechos adquiridos. “No pueden pagar justos por pecadores”, advirtió, al señalar que la suspensión masiva afectó a miles de familias salteñas que dependen de esos ingresos para cubrir tratamientos médicos, movilidad y alimentación.
El fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, explicó que el amparo tendrá como ejes la restitución inmediata de las pensiones, la devolución de los fondos retenidos y la exigencia de auditorías serias y transparentes. Además, cuestionó el mecanismo de notificación aplicado por Nación. Según dijo, en provincias del norte como Salta y Jujuy, las cartas documento o correos electrónicos no llegan a toda la población. “Se puso el carro delante del caballo. En vez de garantizar que todos pudieran defender su derecho, directamente las anularon”, señaló.
Pérez Alsina remarcó que la suspensión indiscriminada fue producto de la falta de auditorías previas. “Primero se debió investigar quiénes tenían derecho a percibir la pensión y quiénes no, y recién después tomar medidas. Lo que ocurrió fue al revés”, subrayó. También recordó que la Constitución provincial establece la obligación de proteger la salud física, psíquica y emocional de la población, lo que convierte a la presentación judicial en una acción moral además de legal.
El Gobierno provincial insistió en que no se trata de una reacción improvisada, sino de una medida derivada de pedidos de información realizados previamente a Nación que nunca obtuvieron respuesta. “Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”, aseguró Sáenz, al confirmar que la provincia avanzará por la vía judicial para resguardar la dignidad de las personas con discapacidad.
La suspensión de las pensiones no contributivas provocó un fuerte malestar en distintos sectores de la sociedad. En Salta, numerosas familias denunciaron que quedaron sin cobertura en medicamentos y tratamientos, mientras que organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron que el recorte vulnera derechos fundamentales y no contempló las particularidades geográficas y sociales de la región.
Ahora será la Corte Suprema la que defina si corresponde restituir de manera inmediata los beneficios y ordenar una auditoría con control judicial.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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